Chile debe involucrarse en las negociaciones en Naciones Unidas sobre una Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional que se reanudarán en Nueva York el 3 de agosto. El gobierno de José Antonio Kast llegará a la ONU en plena desaceleración económica, incluso sin poder cumplir su propia meta de equilibrio fiscal.

Su deuda se acerca al umbral del 45% y su economía se enfría: el PIB se contrajo en el primer trimestre y el desempleo trepó al 9,1%, el nivel más alto en casi cinco años. Chile recauda en torno al 20,5% del PIB, por debajo del promedio regional. Y, en ese cuadro, el proyecto estrella del nuevo Gobierno propone rebajar los impuestos corporativos: un beneficio que, según el propio análisis legislativo, reducirá los ingresos públicos durante al menos cinco años.

Por eso es tan importante lo que ocurra en agosto en Nueva York. Porque allí se debate el futuro de la arquitectura tributaria internacional que impacta directamente en cómo recaudan los países para financiar su desarrollo. Chile se juega aquí su estabilidad a futuro, más allá de meras cuestiones técnicas fiscales.

El World Inequality Report 2026 trae una cifra que ningún ministerio de Hacienda de América Latina debería ignorar: el 0,001% más rico —unas 56.000 personas— posee hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad. Para América Latina, el diagnóstico es más severo: poseemos las mayores brechas del mundo entre el 10% más rico y el 50% más pobre.

La guerra en Oriente Medio lo ha vuelto todo más urgente. El cierre del estrecho de Ormuz incrementó el costo de la deuda externa que ya asfixia a 356 millones de latinoamericanos. Y mientras el espacio fiscal se estrecha —Chile, que importa casi todos sus combustibles, lo siente más que otros—, la guerra reparte ganancias hacia arriba: petroleras e intermediarios comerciales multiplican beneficios; los fondos especulativos casi duplicaron sus posiciones en futuros de maíz, soja y trigo. ICRICT, organización que integro, llamó a gravar las ganancias extraordinarias de aquellos que lucran con la guerra: esa riqueza es justo la que el sistema actual no alcanza.

El sistema tiene límites. El Observatorio Fiscal Internacional muestra que el 24% de la riqueza offshore de los latinoamericanos queda fuera de todo intercambio automático, y que el 44% está en Estados Unidos. En los hechos, este país opera como la nueva guarida fiscal de la región.

Según el último informe del Foro Global sobre Transparencia en la región, los países latinoamericanos recaudaron 578 millones de euros más debido al mayor intercambio de información entre países. Sin embargo, dicho incremento es desigual entre los países de la región. La negociación en curso en la ONU también podría ayudar a una más democrática participación en los beneficios del intercambio de información internacional a países como Chile.

El problema de fondo es de arquitectura global. Durante décadas, sus reglas se escribieron en la OCDE, donde los países en desarrollo no estaban o eran minoría. Una investigación del International Centre for Tax and Development concluye que estos estándares rinden beneficios desiguales y tardíos. Cada año cerca del 1% del PIB mundial fluye de los países pobres a los ricos. La regla más reciente lo confirma: el nuevo marco “lado a lado” del impuesto mínimo global que permite a Estados Unidos aplicar sus reglas tributarias independientemente del impuesto mínimo global acordado en las negociaciones de la OCDE, prueba de que esos estándares se moldean según el poder de cada país.

Es que el sistema actual no es neutral: reproduce la desigualdad que dice administrar. Aquí la mirada de Raúl Prebisch, fundador de la CEPAL, vuelve a ser de inmensa utilidad para iluminar el dilema chileno: los sistemas tributarios en el corazón del capitalismo periférico que erosionan la igualdad terminan erosionando la democracia.

Chile debe llegar a las negociaciones de agosto como parte del bloque latinoamericano.

¿Qué debería defender Chile en la ONU en agosto?

En primer lugar, una convención ambiciosa. Las normas actuales (basadas en los modelos de la OCDE) limitan los derechos a gravar los beneficios de las multinacionales, dado que las reglas de precios de transferencia se encuentran disociadas de la realidad económica y resultan en un traslado ficticio de beneficios hacia guaridas fiscales o los países de residencia del capital. El convenio de la ONU puede cambiar esto al consagrar una asignación justa de los derechos de tributación, incluida la tributación de las empresas multinacionales.

En segundo lugar, un protocolo ambicioso para la tributación de los servicios transfronterizos, que sirva de reglas modelo, en un contexto de creciente digitalización de la economía, para garantizar que los países en los que se prestan esos servicios y se encuentran los usuarios tengan derecho a gravar los mismos.

En tercer lugar, un acceso verdaderamente universal al intercambio de información y registros interconectados de activos y beneficiarios efectivos; informes públicos país por país que obliguen a las multinacionales a revelar cuántos impuestos pagan en cada uno de los países donde operan; así como la posibilidad de utilizar la información intercambiada para un conjunto más amplio de fines —no solo fiscales—.

Y hay una medida concreta que la convención debería habilitar: la coordinación de un impuesto mínimo del 2% sobre las grandes fortunas, impulsado por Brasil en el G20. Según el Observatorio Fiscal Internacional, en las mayores economías de la región recaudaría unos 24.000 millones de dólares al año —el 0,6% de su PIB—; para Chile, hoy tentado a competir bajando impuestos a las empresas, una vía para sostener los ingresos sin entrar en esa carrera.

La buena noticia es que nuestra región no parte de cero: su mejor instrumento para hacerse oír ya existe. La PT-LAC —Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe—, impulsada por Brasil, Chile y Colombia durante mi gestión como Ministro de Hacienda de Colombia y con la secretaría técnica de la CEPAL, ha venido coordinando esfuerzos en los últimos años para que los países de la región construyan posiciones comunes frente a negociaciones tan cruciales como estas. Los países de la región deben sacar provecho de este espacio para fortalecer los intereses regionales y obtener un buen acuerdo.

El momento lo vuelve más urgente pues algunos gobiernos de la región prefieren cortejar a Washington antes que negociar en bloque. A través de la PT-LAC, Chile puede llegar a Nueva York con su voz amplificada, articulado con el G77, y resistir la vieja táctica de dividir para reinar.

Chile puede presentarse como espectador de reglas escritas por otros, o como protagonista de la primera arquitectura fiscal verdaderamente global y democrática. La desigualdad extrema se corrige con reglas, información e impuestos que por fin alcancen a quienes más tienen. Se trata, en el fondo, de reconciliar —como quería Prebisch— el proceso económico con el democrático. La cita es en Nueva York; llegar tarde no es una opción.

Por José Antonio Ocampo, miembro de la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Internacional de Tributación de Corporaciones (ICRICT), profesor de la Universidad de Columbia y ex ministro de Hacienda de Colombia.