La tributación siempre ha tenido una dimensión social. Lo novedoso del Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional que se negocia en Naciones Unidas es que vincula explícitamente la política tributaria con los derechos humanos y convierte esa relación en un principio rector de la gobernanza fiscal global.

La propuesta parece difícil de objetar: combatir la evasión para financiar derechos sociales. Sin embargo, detrás de esa idea hay un cambio relevante. Una discusión democrática sobre recaudación, crecimiento, inversión y distribución podría pasar a evaluarse bajo estándares internacionales de derechos humanos.

La ONU ha sostenido que la tributación debe promover la redistribución, reducir la concentración de riqueza y financiar derechos sociales. También plantea que la futura Convención sea coherente con las obligaciones internacionales de derechos humanos. El punto delicado es que decisiones propias de política tributaria podrían transformarse en materias de cumplimiento internacional.

El problema central es el impacto sobre la soberanía fiscal. Tasas, incentivos, exenciones o invariabilidad tributaria son materias del Congreso y de gobiernos democráticamente elegidos. Si esas decisiones comienzan a revisarse bajo criterios como “progresividad”, “máximo de recursos disponibles” o “justicia redistributiva”, el espacio de deliberación política podría estrecharse.

Esta preocupación no es teórica. La carta de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Senado, de fecha 15 de julio, muestra cómo podría aplicarse este enfoque, al proponer que rebajas a la tributación empresarial, mecanismos extraordinarios de declaración de activos e invariabilidad para grandes inversiones sean evaluados bajo estándares de derechos humanos y movilización de recursos fiscales.

El riesgo es evidente: una reforma tributaria podría dejar de discutirse en términos de eficiencia económica, competitividad, crecimiento o atracción de inversiones, para analizarse desde la óptica de si cumple obligaciones internacionales. Ello abre la puerta a una mayor judicialización de la política fiscal y a que tribunales nacionales o instancias internacionales se pronuncien sobre decisiones legislativas.

Existe además una segunda preocupación. El sistema tributario internacional ya es complejo por la coexistencia de normas internas, tratados, estándares OCDE, reglas BEPS y mecanismos de intercambio de información. Crear una nueva arquitectura bajo Naciones Unidas, con principios propios e inspirada en derechos humanos, podría generar conflictos interpretativos, duplicidades regulatorias e incertidumbre jurídica.

Tampoco debe ignorarse el impacto sobre los derechos de los contribuyentes. La transparencia, el intercambio de información y los registros de beneficiarios finales son objetivos legítimos. Pero garantías como el debido proceso, la proporcionalidad, la privacidad y la seguridad jurídica también son esenciales en un Estado de derecho. Una política tributaria construida solo desde la lógica recaudatoria corre el riesgo de relegarlas a un segundo plano.

Nada de lo anterior significa desconocer la importancia de combatir la evasión o fortalecer la cooperación tributaria internacional. El desafío es evitar que un objetivo legítimo transforme opciones de política económica en obligaciones internacionales sujetas a revisión judicial permanente.

La pregunta de fondo no es si los impuestos financian derechos sociales; ello es evidente. La verdadera cuestión es si una decisión tributaria adoptada democráticamente por un país debe poder ser cuestionada o invalidada por no ajustarse a un estándar internacional de justicia distributiva. La respuesta definirá no solo el futuro de la cooperación tributaria internacional, sino también el alcance efectivo de la soberanía fiscal, por lo que parecería sensato que Chile realice una reserva o declaración interpretativa de ciertos aspectos del Convenio.

*La autora de la columna es abogada y socia de PwC Chile