La discusión sobre la crisis demográfica tiene múltiples aristas. El gobierno así lo ha entendido y, por eso, decidió crear una Comisión Asesora Presidencial cuyo objetivo es elaborar una Estrategia Nacional de Natalidad con un enfoque de largo plazo. Todavía no conocemos sus conclusiones, pero el hecho de que se haya constituido y que tenga el propósito de comprender el fenómeno desde diversas disciplinas es un buen augurio.

En efecto, estamos ante un problema que no se resuelve con una sola bala de plata. Ni los bonos por niño nacido ni la expansión semántica de lo que hoy significa formar una familia bastan para abordar la materia. Es probable, además, que más temprano que tarde comiencen a enfrentarse principios morales difíciles de conciliar. Algunos pondrán el acento en la libertad de la mujer para decidir si tener hijos o no; otros, en la necesidad de impulsar políticas que incentiven la natalidad.

No es extraño que así ocurra. La supervivencia de los sistemas complejos y modernos –y la familia es, al fin y al cabo, uno de ellos– depende de la cooperación entre distintos subsistemas que interactúan y tienen la pretensión de coordinarse. Para evitar que ese proceso desemboque en un conflicto permanente, debe existir una institucionalidad que las oriente hacia un objetivo común. En este caso, hacer compatible una agenda en la que el envejecimiento de la población ocupe un lugar tan importante como la preocupación por la disminución de los nacimientos.

Históricamente, esa institucionalidad ha existido, aunque en general ha reaccionado con retraso. Chile, por ejemplo, consolidó su orden constitucional antes de conocer su propia realidad demográfica: durante buena parte del siglo XIX no existieron estadísticas confiables ni una burocracia suficientemente preparada para producir y analizar información. Algo similar ocurrió durante la llamada “cuestión social”, donde la pauperización de las clases populares se hizo evidente mucho antes de que el Estado desarrollara políticas sanitarias capaces de enfrentarla.

Las condiciones en que viven hoy los sectores medios y bajos son infinitamente mejores que hace un siglo. No obstante, esos avances no eliminan los nuevos desafíos que trae consigo el cambio demográfico. Si queremos enfrentar el problema en toda su magnitud, es necesario comprender que los cambios en la natalidad deben ir de la mano de una política seria y estructural de cuidados, en especial de adultos mayores. El envejecimiento de la población no solo incrementa la demanda por servicios de salud y pensiones; también aumenta la necesidad de contar con personas que acompañen y asistan a quienes ya no pueden desenvolverse por sí solos.

La verdadera discusión, entonces, no consiste únicamente en cómo aumentar los nacimientos, sino en cómo adaptar nuestras instituciones a una sociedad que vive más y demanda nuevas formas de solidaridad entre generaciones. Si la Comisión logra contribuir a ese propósito, habrá dado un paso más relevante que el de proponer medidas coyunturales: habrá ayudado a preparar a Chile para el principal desafío demográfico del siglo XXI.

Por Juan Luis Ossa, historiador e investigador del CEP.