Gracias a las vacunas, el 2022 pudimos dejar atrás lo más perturbador de la pandemia de Covid-19. Volvimos al trabajo y las clases presenciales, pero con las huellas profundas que dejaron dos años de encierro. En materia político-institucional pasó algo parecido. Tras las perturbaciones del estallido de 2019 y su canalización institucional a través de una Convención Constitucional electa, el 2022 culminó con el fracaso de ese intento por superar la deuda de una transición incompleta.

Tal vez la única constante en los vaivenes políticos de los últimos años sea el descrédito de la política, los partidos y el Congreso. Con ese escenario como telón de fondo, vimos surgir y luego caer desde la altura a los “independientes” como la alternativa para salvar nuestra vida en común.

Desahuciados los independientes, hoy se presenta como nuevo el viejo recurso antipolítico de la tecnocracia. En lugar de reconocer que el problema de los independientes en la Convención fue precisamente la falta de plataformas programáticas para negociar en bloque alternativas coherentes, se les culpa de no haber tenido suficientes pergaminos. Y se levanta, para la construcción de un nuevo proceso, a los “expertos” como la nueva opción para saltarse la política.

Los expertos serán, en realidad, representantes de los partidos para generar un anteproyecto que reemplace a la “hoja en blanco” del proceso anterior. Es la legitimidad de su representación partidaria, y no sus credenciales profesionales, lo que autorizará a estas personas a negociar en nombre de la ciudadanía una propuesta constitucional.

Un factor clave en el rechazo a la propuesta anterior fue el voto obligatorio. El 38% del Apruebo fue equivalente, en número de votantes, al 56% que le dio el triunfo en segunda vuelta al presidente Gabriel Boric. Solo un 43% del electorado participó en la elección de la Convención, que era voluntaria. En el plebiscito de salida, en cambio, más de 4,5 millones de nuevos votantes optó, en su gran mayoría, por el Rechazo. En el proceso que ahora se inicia, tanto la votación para generar el nuevo Consejo Constitucional como para el plebiscito serán obligatorias. Esto debería contribuir a alinear preferencias y hacer más probable un resultado favorable.

El nuevo borrador ofrecerá un cambio más moderado que el anterior respecto de la Constitución actual. Debido a que la propuesta anterior fue percibida como demasiado reformista, las limitaciones al nuevo texto incluyen mantener el régimen presidencial con un sistema bicameral y los estados de excepción, y considerar a los pueblos indígenas como miembros de la nación chilena. Propuestas anteriores sobre estos temas no obtuvieron suficiente apoyo popular o político. Por otro lado, los partidos tendrán mayor control del proceso. Propondrán un borrador inicial a través del Comité de Expertos designado por el Congreso, y los candidatos independientes solo podrán ir en listas de partidos.

A pesar de esas limitaciones, hay dos temas donde se pueden esperar cambios: la paridad de género y los derechos sociales. La primera, porque la moción de reforma constitucional que habilita el proceso incluye paridad en la elección del Consejo Constitucional. Los segundos, por la inclusión de la fórmula del “Estado social y democrático de derecho”, que podría iniciar un camino de cambio respecto de la inaceptable prescindencia estatal en el resguardo de esos derechos. Dos aspectos que, junto al fin del binominal y la reducción a 4/7 del quórum para la reforma constitucional, auguran avances en una progresiva apertura democrática del sistema político chileno.

Por Claudia Heiss, Facultad de Gobierno, Universidad de Chile