No es fácil precisar cuando se produjo la inflexión decisiva, pero hubo sin duda una circunstancia que marcó un antes y un después. Fue cuando un sector relevante de la sociedad chilena llegó a considerar que la horadación del orden público y el incumplimiento de las normas, podían ser un precio razonable para obtener beneficios económicos y sociales.

Se empezó a hablar de una sociedad de derechos, de gratuidad universal, de cambios que debían hacerse por las buenas o por las malas, de la necesidad de no criminalizar la protesta social. Hasta que, finalmente, el sueño se hizo realidad: el 18 de octubre de 2019 Chile comenzó a arder por los cuatro costados. Estaciones de Metro incendiadas, sedes universitarias, museos e iglesias convertidas en cenizas, supermercados y comercios saqueados, comisarias y regimientos atacados. En síntesis, el Estado en retirada, sin legitimidad ni capacidad de respuesta frente a una ola de violencia que de manera abierta buscaba su aniquilación y, de paso, la caída de un gobierno democráticamente electo.

Ese era el precio de la utopía y de la esperanza en un país mejor: destruir el orden público, arrebatar el monopolio de la fuerza al Estado, dejar el terreno libre y el camino despejado para que el crimen organizado viniera a reemplazar a ese Leviatán represivo y, además, neoliberal, que a treinta años del retorno a la democracia seguía siendo para muchos una dictadura encubierta. La sociedad de los abusos, de las injusticias y las inequidades por fin iba a ser desmontada. Marx tenía razón: la violencia es la partera de la historia; nunca hubo otra.

Pues bien, ahí es precisamente dónde nos encontramos. El crimen organizado y el narcotráfico vinieron a llenar el vacío de poder dejado por una institucionalidad y una fuerza pública en ruinas. Ahora son bandas criminales las que se disputan el control de los “territorios”, las que imponen su ley y realizan ajustes de cuentas. Las tomas de terreno proliferan, pero ya no son articuladas por partidos de izquierda como ocurría en el Chile de la migración rural-urbana. Hoy, en el “nuevo” Chile de la inmigración ilegal son bandas criminales las que distribuyen la tierra y dan cobertura a sus “soldados”, muchos de ellos niños y adolescentes que han abandonado la escuela.

El precio de los cambios era la violencia y la destrucción del orden público. Eso fue lo que un sector muy importante de la sociedad chilena estuvo dispuesto a creer. Lo insólito, lo irónico, es que ahora echen de menos una fuerza pública capaz de recuperar el monopolio de la fuerza por parte del Estado, que quieran más carabineros y más cárceles. Incluso hay sectores oficialistas que no tienen vergüenza en pedir “estado de sitio” y militares en las calles. Como si el mar de fondo de todo lo que hemos vivido pudiera revertirse así de fácil.

Pero no: estuvimos mucho tiempo buscando sacar al genio de la lámpara y ahora va a ser muy difícil volver a encerrarlo.

Por Max Colodro, filósofo y analista político