Los recientes hechos ocurridos en Ecuador, en donde grupos terroristas de bandas criminales ligadas a narcotráfico se tomaron medios de comunicación, también universidades y hospitales, buscando a quien los investiga, es el acto final de una tragedia que se venía fraguando hace tiempo en ese país.

Las alertas en Ecuador se encendieron post pandemia. Primero con una crisis carcelaria con fuertes escaladas de violencia, siguiendo con un aumento explosivo de la tasa de homicidios y un recrudecimiento de la pobreza, entre otros fenómenos; que se coronaron con el asesinato de un candidato presidencial.

Sin embargo, a nivel global, la crisis democrática se viene gestando desde los últimos ocho a diez años. El declive de la valoración de la democracia se aceleró en los últimos años, en especial durante la pandemia; entre otras razones, por la escasa o nula capacidad de los estados para manejar las crisis, la falta o falla en respuestas satisfactorias a las demandas ciudadanas y la creciente informalidad laboral, que han generado una crisis de gobernabilidad en más y más países. En la región esto se ve especialmente agravado, por la poca contundencia en la implementación de políticas públicas, agudizado por una creciente polarización, la pérdida de respeto a la autonomía y separación de los poderes del estado, la desinformación; y la mínima capacidad de diálogo de los gobiernos con sus opositores y ciudadanos. Así las cosas, la región está bajo la amenaza soterrada de perder totalmente su institucionalidad democrática.

La situación de Ecuador debe llevar al resto de los gobiernos de la región, a tomar nota sobre la importancia de contar con una institucionalidad eficaz en materia de entrega de garantías básicas para la convivencia ciudadana, entre ellas: la seguridad pública.

El problema es que las falencias de seguridad vienen acompañadas de la corrupción a nivel institucional, y parte importante de la rabia social, el descrédito institucional, y la desconfianza en la clase política, radica en la impunidad que impera ante casos evidentes corrupción donde también es evidente la debilidad institucional para sancionar.

Este círculo vicioso, con una ciudadanía cansada de ver pantomimas entre la clase política está dispuesta a renunciar a algunos niveles de libertad y derechos, con tal de tener mayores garantías de seguridad y de disminuir las muertes y el miedo. Con esta disposición, se abren las puertas a liderazgos políticos que llegan al poder con un discurso antipolítico, lleno de espirales retóricas que buscan manipular emociones sin una propuesta país. Estos líderes asumen el poder para acelerar el desmontaje de la institucionalidad democrática, para instalar un sistema en el cual se priva a la ciudadanía de libertades esenciales que nunca estuvieron dispuestos a perder.

Uno de los grandes valores que tiene la democracia como sistema político es el fortalecimiento y buen funcionamiento del Estado de Derecho, y es siempre bajo este marco en el cual deben desenvolverse las instituciones democráticas. Sin embargo, en Ecuador, las recientes acciones han disparado en la línea de flotación de su Estado de Derecho, generando un escenario caótico y violento, obligando al gobierno a extremar medidas para tratar de salvar la democracia. Aunque Ecuador está a más de 3000 kilómetros de distancia de Chile, no solo constituye una amenaza fantasma para nuestro país, sino para toda la región que ha mostrado, lamentablemente, algunas similitudes con esas alertas que nadie escucho o quiso escuchar en Ecuador.

Por Ricardo Mena, oficial de Programa para Chile y Países del Cono Sur del Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional