Columna de Rolf Lüders: Certeza jurídica



Por Rolf Lüders, economista

No faltan aquellos -afortunadamente cada vez menos- que sostienen que la propuesta de la Convención Constitucional (CC) es el pasaporte al desarrollo. Para muchos, los modelos a imitar son los imperantes en Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Finlandia. Sin embargo, si se llegara a aprobar el mencionado proyecto, lo más probable es que nos pareceremos más bien a Ecuador, Venezuela o Bolivia. Veamos.

El proyecto elaborado por la CC se asemeja a lo que podría ser un programa de gobierno de izquierda. En ese sentido, destaca el propuesto nuevo rol dominante del Estado, comparado con el ordenamiento actual, en que los privados tienen el rol protagónico en la producción de bienes y servicios y el Estado corrige las fallas del mercado que surjan.

Nada ilustra mejor el punto del párrafo anterior que el contenido de la primera línea de los artículos número uno de la actual Constitución y del proyecto de nueva Constitución. La primera dice que las personas -subrayo personas- nacen libres e iguales en dignidad y derechos, en cambio la segunda sostiene que Chile es un Estado -destaco Estado- social y democrático de derecho.

Pues bien, existe una alta correlación entre el rol del Estado, el nivel de ingreso de los países y la certeza jurídica imperante en ellos. La certeza jurídica es el derecho a ser protegido por la ley cuando se firma un contrato de compraventa de un bien o se adquiere un servicio. A mayor certeza jurídica, menor incertidumbre. Es un hecho empírico que la certeza jurídica promueve la estabilidad económica y el crecimiento, potencia la inversión, crea empleos, eleva los estándares de vida, y promueve la prosperidad (Bufford 2006). También es una realidad que en países en que el Estado juega directa y/o indirectamente un papel clave en la asignación y administración de los recursos, el respeto al imperio de la ley (Rule of Law) tiende a ser significativamente más bajo y la corrupción mayor, que en aquellos en que sucede lo contrario.

En efecto, el índice de imperio de la ley, con un máximo potencial de 100, es de 80, 79, 83, y 88 para Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Finlandia, respectivamente, y de 48, 27 y 39 para Ecuador, Venezuela y Bolivia, también respectivamente, (WJP Rule of Law index 2021). Chile marca 66. Y los correspondientes indicadores de corrupción tienden a estar inversamente correlacionados con los del imperio de la ley (Transparency International 2021).

Los datos hablan por sí solos. Si es que queremos desarrollarnos en democracia y asemejarnos a países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Finlandia, nuestros esfuerzos deben orientarse, entre otras cosas, a afianzar el imperio de la ley. Lamentablemente es un hecho prácticamente cierto que el proyecto de nueva Constitución de -aprobarse- lograría exactamente lo opuesto.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbase aquí.