El impuesto territorial o contribuciones grava propiedades con determinado avalúo fiscal. Actualmente considera un piso de alrededor de $57 millones para el cobro del impuesto. El propósito de la recaudación obtenida es financiar a los municipios, los cuales reciben el monto de las contribuciones en forma directa o a través de un fondo nacional. Con ello, teóricamente al menos, se cancelan servicios que van en directo apoyo al ciudadano. Todo parece ser muy claro y pertinente, sin embargo, hay consideraciones que discutir en el fondo y la forma de este impuesto.

En primer lugar, se trata de un impuesto al patrimonio, que grava el valor de un bien que ya ha pagado los impuestos correspondientes. Es decir, parece asumirse que la compra de una casa, por ejemplo, no hace al ciudadano pleno propietario de la misma ya que, a pesar de haber cancelado todos los impuestos asociados a la adquisición de la misma, ésta debe continuar enfrentando un impuesto. Se está pagando además sobre el valor de impuestos ya pagados. Esto significa cancelar una especie de “arriendo” al Estado, so pena de ser expropiado y el Estado adueñarse de la propiedad así adquirida.

En segundo lugar, y a pesar de las excepciones que se han ido adoptando a lo largo del tiempo, el monto de las contribuciones queda muchas veces muy por encima del ingreso efectivo del propietario. A menudo se escuchan reclamos por que la cobranza del impuesto, hecha a menudo del modo más amenazante, puede llevar a su apropiación por parte del Estado, el cual puede rematar la propiedad dejando al dueño en total indefensión. Según algunos, eso estaría muy bien porque los propietarios son a menudo “gente rica” que no cancelan el impuesto por capricho. Pero en realidad, se trata muchas veces de jubilados que enfrentan severos problemas para pagar las contribuciones.

En tercer lugar, y como lo prueban las acciones consuetudinarias por parte del Estado, para obtener mayores ingresos por el pago de contribuciones se recurre al simple subterfugio de aumentar el avalúo o valor referencial. Sobre esto no hay regla alguna y es más bien el campo de una gran arbitrariedad, usualmente justificada sobre la base argumental de la necesidad de mayores recursos fiscales.

Es innegable que las municipalidades necesitan recursos para cumplir con su misión. Actualmente la discusión que se necesita es acerca de que las municipalidades obtengan sus presupuestos del fondo general de recaudaciones del Estado, además de la recuperación de costos por sus servicios. Con ello mejoraría la eficiencia, porque muchas veces la pregunta es porqué recibiendo significativos ingresos, las tareas de prevención del delito, mantenimiento de calles y alumbrado, así como de paseos y jardines, labores todas de las municipalidades, dejan muy insatisfecha a la ciudadanía. Más allá, el país necesita una reingeniería de su gasto público y de un mejor diseño de las políticas tributarias. Esto, que iba a ser abordado por medio de un pacto fiscal, se ha pospuesto llevando como resultado a la consabida medida de aumentar lo más posible los impuestos para financiar el gasto público.

Abundan las sospechas de mal uso de recursos públicos. Mientras tanto, jubilados no pueden hacer frente al cobro de contribuciones y son calificados como “ricos”. Es hora de un debate destinado a una solución justa y eficiente, la cual debe considerar una reestructuración del financiamiento municipal.

Por Luis Riveros, Decano Facultad de Economía, U.Central