Según las últimas estimaciones y proyecciones del INE, la población de Chile dejará de crecer y comenzará una disminución gradual hacia mediados de 2070. En solo dos años más, las defunciones superarían a los nacimientos. La caída sostenida de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida han transformado nuestra estructura demográfica.

Desde 2028 habrá más personas de 65 años o más que menores de 15 años, y hacia 2035 comenzará también a reducirse la población en edad potencialmente activa. La esperanza de vida pasaría de 74,6 años en 1992 a 88,4 años en 2070 (viviendo más las mujeres).

Este cambio demográfico transformará la forma en que vivimos, producimos y nos organizamos. Presionará los sistemas de salud, pensiones y cuidados. Si no se redistribuyen las responsabilidades, las desigualdades entre hombres y mujeres se profundizarán, acrecentando la crisis de los cuidados en desmedro de las trayectorias femeninas, desaprovechando su potencial y alejándolas de la fuerza laboral.

Entonces, la pregunta no es si debemos adaptarnos a estos cambios, sino cómo y con qué urgencia.

En este contexto, la reciente publicación de la Ley 21.805, que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, constituye un avance estructural fundamental. Por primera vez se reconoce el derecho al cuidado en todas sus dimensiones y se establece un marco institucional orientado a promover la autonomía, prevenir la dependencia y proveer apoyos en un marco de corresponsabilidad social y de género.

Asimismo, fue aprobado por el Congreso Nacional el proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores, que busca fortalecer la protección y el ejercicio efectivo de sus derechos, promoviendo un envejecimiento digno, activo y saludable.

Todo esto es relevante porque, en estas iniciativas, la oportunidad es clave: sin políticas oportunas, aumentará el riesgo de dependencia severa, elevando los costos humanos y fiscales de los cuidados en un contexto demográfico desafiante.

Se debe avanzar decididamente en la implementación de estas nuevas leyes, abordando el escenario demográfico con proactividad y herramientas efectivas para transformar este desafío en una oportunidad de construir una sociedad más inclusiva, justa y productiva.

Pero sigue pendiente una reforma clave: la sala cuna universal. En el cuidado de niños y niñas de 0 a 4 años, las mujeres destinan 1.378 millones de horas al año, frente a 470 millones de los hombres. Sin esta iniciativa, la corresponsabilidad seguirá siendo incompleta y la participación laboral femenina continuará limitada.

Los cambios poblacionales ya están en marcha. La sostenibilidad del país dependerá de consolidar un sistema de cuidados robusto e impulsar, con urgencia, las reformas en tramitación junto con implementar adecuadamente las ya aprobadas. Marzo debe ser decisivo para cerrar los pendientes y avanzar con determinación.

Por Cristina Vio, directora ejecutiva de ComunidadMujer