Por Macarena Yancovic, directora Pedagogía en Educación Básica, y Sergio Monsálvez, académico, de Universidad Finis Terrae

Hasta el año 2021, en Chile aproximadamente 226.000 niños, niñas y adolescentes (hasta los 21 años) habrían abandonado el sistema escolar, convirtiéndose en un gran desafío la reincorporación de estos estudiantes a las escuelas. Si bien la pandemia hizo que este número aumentara y de cierta manera se invisibilizara -al no existir un sistema formal de asistencia- además, develó un cuestionamiento relacionado al término que se utiliza cuando un estudiante no sigue en el sistema, ¿el estudiante deserta o es excluido del sistema escolar? ¿Podemos hablar de que el estudiante decide no seguir con sus estudios o es el contexto o sistema el que los excluye?

Con la llegada de la pandemia muchos establecimientos educativos perdieron contacto con sus estudiantes; lo anterior, como efecto del cambio de modalidad de funcionamiento, en donde se pasó de asistir presencialmente a las escuelas a estar virtualmente en clases. Si bien los profesores hicieron un trabajo titánico adaptando el proceso de enseñanza, hubo factores que no se pudieron controlar, como los problemas de conexión, debido a no contar con internet o estar en un lugar en donde no contaran con buena señal, hasta la carencia de dispositivos para poder conectar a todos los integrantes de las familias, lo que agudizó el problema. Si bien existen factores de riesgo que se asocian a este fenómeno, los contextuales y familiares fueron los que más se destacaron estos dos últimos años, experimentando una mayor exclusión del sistema.

¿Qué sucederá entonces con los índices este año 2022? Si bien los colegios retornaron a la presencialidad de acuerdo con los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación, aún no todas las escuelas cuentan con protocolos de seguimiento que permita vincular y asegurar la reincorporación y permanencia efectiva de todos los estudiantes que han quedado excluidos del sistema educativo, respondiendo a la problemática de manera tardía y superficialmente. En muchos casos las escuelas hacen esfuerzos por contactar a las familias para intentar vincularlas nuevamente, en otros casos se realizan denuncias a las oficinas de protección de derechos de la infancia (OPD).  Sin embargo, estas acciones, junto con las que realizan otras organizaciones como “Casas Estudio”, que han implementado algunas municipalidades a lo largo del país, parecen no ser suficientes para apoyar en dicha labor.

El desafío está en establecer políticas y sistemas eficientes, que pongan a disposición recursos que permitan una implementación de programas multidisciplinarios al interior de las escuelas, que les posibilite comprender y abordar esta problemática desde una mirada multicausal, así como la incorporación de estrategias de prevención a la exclusión escolar.