Educación en la nueva Constitución: un cambio de paradigma con desafíos

Por Tomás Ilabaca, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo

La propuesta de nueva Constitución que elaboró la Convención Constitucional representa un fuerte avance en materia de educación escolar, dado que genera las condiciones para avanzar hacia un sistema escolar más equitativo y colaborativo.

El sistema escolar chileno, según múltiples estudios, posee altos niveles de desigualdad y segregación escolar, situación que se potenció con las políticas de mercado y privatización implementadas durante la dictadura militar. Si bien en las últimas décadas se aplicaron ciertas políticas que buscaron matizar los efectos del mercado en la educación (la Ley General de Educación, la Ley de Inclusión o los Servicios Locales de Educación), varios de los cimientos del sistema educativo permanecieron intactos.

Frente a este escenario, varias de las propuestas de la nueva Constitución representan un avance respecto a lo que el sistema puede garantizar actualmente. Por de pronto, a diferencia de su antecesora (Constitución de 1980), en esta propuesta se establece el derecho a la educación, el cual pasa a ser un deber del Estado (art. 35). Por llamativo que parezca, esto no se encuentra actualmente, donde el Estado solo debe proteger el derecho de los padres a escoger escuela y generar una oferta gratuita en los distintos niveles educativos.

Asimismo, la propuesta de nueva Constitución dota a la educación de un fin social, el cual es “la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos…” (artículo 35, n°3). Este fin tampoco se encuentra en la Constitución actual. El derecho de las comunidades educativas a participar en las definiciones de los proyectos educativos, así como de las definiciones de los establecimientos también en un cambio positivo sustantivo, sobre todo respecto a la configuración de comunidades educativas involucradas y participativas.

Por otra parte, el artículo 41 de la nueva propuesta garantiza la libertad de enseñanza y que el Estado debe respetarla. Según datos del Mineduc, para el año 2021, el 52,4% de las familias chilenas tenían a sus hijos matriculados en algún establecimiento particular subvencionado. De esta manera, la nueva Constitución recoge esta realidad y preocupación de las familias chilenas.

Sin embargo, dentro de esta propuesta existen espacios que levantan dudas o dejaron temas sin resolver a nivel escolar. Uno de los principales puntos es que, si bien se establece la existencia de libertad de enseñanza (art. 41), este principio se reduce a la capacidad de elegir el tipo de educación y no a la posibilidad de formar o abrir establecimientos educacionales por privados, así como ciertos límites que dicha posibilidad supondría; de hecho, este sector no aparece nombrado en el texto.

En la misma línea del punto anterior, tampoco existe mención alguna a los establecimientos particulares pagados, espacios altamente homogéneos y segregados socialmente, y cuyas consecuencias en términos de reproducción de desigualdades son considerables. ¿Es coherente avanzar en un sistema educacional que con un principio orientado al bien común y la justicia social, pero que permita la existencia de este tipo de establecimientos?

Por consiguiente, la propuesta es un avance sustantivo en miras a construir un sistema educacional distinto, basado en principios diferentes a los que se basa la actual Constitución. Los nuevos lineamientos propuestos entregan la posibilidad de un sistema educativo articulado y basado en el bien común, escuelas más inclusivas y democráticas. Sin embargo, de ser aprobada la nueva Constitución, será necesario dar mayor claridad respecto a los temas mencionados en esta columna –particularmente con la educación particular subvencionada- de manera de cuidar aspectos que históricamente han estado presentes y han sido valorados por las familias chilenas, así como la coherencia normativa que pretende poseer el sistema escolar con la nueva Constitución.