La noticia de que el gobierno pretende subir la vara de eficiencia a los hospitales públicos debería ser recibida con una mezcla de interés y cautela. Interés, porque nadie puede defender que un sistema que administra miles de millones de pesos no sea sometido permanentemente a altos estándares en su gestión. Y cautela, porque en el área de la salud, la palabra “eficiencia” puede terminar significando cosas muy distintas según quién la pronuncie.

Hay consenso en que el problema es real. Si año tras año los hospitales terminan necesitando recursos adicionales porque los presupuestos originalmente asignados no alcanzan, algo falla en la planificación. Y si el Ministerio de Salud debe recurrir sistemáticamente a recursos extraordinarios -para cubrir obligaciones que eran previsibles-, tampoco parece razonable asumir que la solución consiste simplemente en aumentar el presupuesto.

La propia Dirección de Presupuestos ha advertido que el presupuesto inicial del Ministerio de Salud aumentó 79% en los últimos diez años y que existe una tendencia a que el gasto ejecutado termine por encima del aprobado originalmente. En 2024, además, el gasto ejecutado de la cartera alcanzó $16 billones de pesos, lo que representa un aumento de 141% respecto a 2010.

No se trata de cuestionar que Salud necesite más recursos. La población envejece, aumentan las enfermedades crónicas y la demanda por atención de calidad crece. El punto es otro: más recursos no pueden ser la única respuesta cuando los resultados no crecen al mismo ritmo.

Al mismo tiempo, hay una pregunta que no puede quedar fuera de esta discusión: ¿eficiencia para qué? Un hospital no es una empresa cualquiera. Su objetivo no puede ser gastar menos, sino entregar más y mejores prestaciones con los recursos disponibles.

Vemos que, por ejemplo, un recinto puede reducir su gasto y, al mismo tiempo, aumentar las listas de espera. Puede ahorrar en determinadas partidas y terminar pagando mucho más por resolver las consecuencias de una mala gestión. Puede cumplir formalmente con un presupuesto y, sin embargo, mantener pabellones subutilizados, camas mal gestionadas o pacientes aguardando durante meses por una atención.

Por eso, la verdadera vara de eficiencia debería medir resultados y no solamente ejecución presupuestaria.

Así, hay indicadores clave que se deberían monitorear: la cantidad de cirugías que se realizan; los tiempos de espera de los pacientes; las horas de funcionamiento efectivo de los pabellones; la disponibilidad de camas y cuánto se gasta en compras de urgencia que podrían haberse planificado, entre otros puntos.

También hay que reconocer que no todos los hospitales son comparables. Un establecimiento de alta complejidad que recibe a usuarios derivados de regiones no enfrenta las mismas condiciones que un hospital de menor tamaño. Aplicar una regla idéntica para todos puede terminar castigando precisamente a quienes cumplen funciones que otros prestadores no pueden realizar.

La eficiencia, por tanto, requiere información, gestión y también responsabilidad política. No basta con exigir al hospital que gaste mejor si el presupuesto fue mal calculado desde el comienzo. Tampoco basta con entregar más recursos si nadie se hace responsable de explicar por qué el dinero adicional fue necesario.

El desafío de la autoridad debería ser bastante más ambicioso que simplemente contener la sobre-ejecución. Se trata de construir un sistema capaz de anticipar sus necesidades, asignar correctamente sus recursos y evaluar sus resultados.

Porque detrás de cada peso mal administrado no hay solamente una cifra en una planilla. Puede haber una cirugía que se posterga, un diagnóstico que llega tarde o una familia que sigue esperando.

Por Luis Castillo, director del Instituto Libertad, ex subsecretario de Redes Asistenciales