Por Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360. @zovatto55

Hay elecciones que se ganan por convicción y otras por rechazo. La segunda vuelta peruana del 7 de junio pertenece claramente a esta última categoría. Tras una primera vuelta marcada por graves irregularidades, desconfianza y reclamos, y en medio de un clima de extrema polarización e incertidumbre, Perú se encamina hacia un balotaje dominado más por el miedo que por la esperanza.

Como ya ocurrió en otros momentos de su historia reciente, buena parte de los peruanos no votará a favor de un proyecto político, sino contra el candidato que más teme. Keiko Fujimori encarna, para amplios sectores, el riesgo de un retorno a las prácticas autoritarias asociadas al legado de su padre. Roberto Sánchez, despierta el temor opuesto: una reedición, bajo otra forma, de la improvisación e inestabilidad que marcaron la fallida y corta presidencia de Pedro Castillo. Ambos disputarán una segunda vuelta entre los candidatos menos votados de la historia: 17% y 12% respectivamente de los votos válidos. A ello debemos agregarle un dato inédito de esta campaña: Sánchez enfrentará este miércoles 27 de mayo una audiencia por presuntas irregularidades en el financiamiento de su partido. La Fiscalía pide más de cinco años de prisión, en plena recta final hacia el balotaje del 7 de junio frente a Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori: ¿la cuarta será la vencida?

Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha) competirá por cuarta vez consecutiva en una segunda vuelta presidencial. Fue derrotada en las tres últimas. Esta persistencia refleja, por un lado, la notable capacidad de supervivencia del fujimorismo como maquinaria electoral y, por otro, la vigencia de un antifujimorismo que, 25 años después de la caída de Alberto Fujimori, continúa profundamente arraigado en amplios sectores de la sociedad peruana.

Keiko llega con ventajas concretas: ofrece orden frente a la inseguridad, previsibilidad macroeconómica, cercanía con el empresariado y una posición parlamentaria sólida en el nuevo Congreso bicameral. Para amplios sectores económicos, su candidatura representa estabilidad frente al riesgo de una deriva radical de izquierda. Pero también carga con pasivos difíciles de neutralizar: el peso del apellido Fujimori, su ambigüedad frente al legado autoritario de su padre y el recuerdo del papel obstruccionista de Fuerza Popular entre 2016 y 2021. La interrogante central es si el antifujimorismo conservará suficiente fuerza para impedirle, una vez más, llegar al poder.

Roberto Sánchez: bajo la sombra de Castillo

La candidatura de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, izquierda), está inevitablemente asociada al legado caótico de Castillo. Fue ministro de su gobierno, reivindica parte de su discurso y busca capitalizar el sentimiento de exclusión histórica del “Perú profundo”, especialmente en las regiones andinas y amazónicas donde persiste un fuerte rechazo hacia Lima y las élites tradicionales.

Su candidatura genera preocupación en sectores empresariales y entre votantes moderados. Sus propuestas de convocar una Asamblea Constituyente, ampliar la intervención del Estado, revisar contratos mineros y cuestionar la independencia del Banco Central de Reserva alimentan temores sobre la estabilidad económica e institucional. Sin embargo, su asesor económico, Pedro Francke, ha buscado moderar esas inquietudes para captar el voto centrista y progresista, asegurando recientemente que Juntos por el Perú no impulsará estatizaciones, que respetará la inversión privada y que el objetivo de la constituyente se limita a reformar el capítulo económico de la Constitución.

Qué dicen los números

Las últimas dos encuestas nacionales de esta semana -Datum e Ipsos- ofrecen un cuadro similar sobre las preferencias electorales de cara al balotaje: Keiko Fujimori por delante de Roberto Sánchez: 39,5% frente a 36,1% según Datum; 39% frente a 35% según Ipsos. La geografía electoral traza una fractura nítida: Keiko domina Lima y el Norte; Sánchez concentra su fortaleza en el Sur, Centro y zonas rurales.

Sin embargo, la ventaja de Fujimori se mantiene dentro del margen de error estadístico, lo que confirma una contienda aún abierta y altamente competitiva. El bloque no alineado -voto en blanco, viciado e indecisos- oscila entre 24% (Datum) y 26% (Ipsos), un caudal más que suficiente para alterar cualquier proyección. A ello se suman dos variables adicionales: el nivel de participación electoral y el peso del voto exterior -más de 1,2 millones de peruanos habilitados- que, en una elección tan estrecha, podría terminar inclinando la balanza.

El dato político más revelador es que 60% de los peruanos no se siente representado por ninguno de los dos candidatos. Conscientes de ello, ambos han adaptado sus estrategias: Keiko tratando de humanizar su imagen y disipar temores de un retorno al autoritarismo, mientras Sánchez toma distancia de figuras controvertidas y busca convencer que un eventual gobierno suyo no derivará en caos e ingobernabilidad. El debate del próximo domingo será una oportunidad clave para tratar de captar el voto indeciso.

El reto de la gobernabilidad

La pregunta de fondo no es quién ganará el 7 de junio, sino si quien gane podrá gobernar. Durante la última década, Perú tuvo ocho presidentes. La vacancia presidencial (juicio político) dejó de ser un mecanismo excepcional para convertirse en un instrumento utilizado de manera desvirtuada y abusiva de la lucha política. En ese contexto, el nuevo Congreso bicameral representa tanto una oportunidad como una trampa: obliga a negociar en dos cámaras con bancadas fragmentadas en múltiples fuerzas. Fujimori tendría una ventaja estructural: Fuerza Popular podría construir una minoría de bloqueo capaz de frenar eventuales procesos de vacancia. Pero gobernar exige coaliciones, no solo supervivencia. Sánchez, en cambio, nace sin escudo parlamentario propio. Dependería de acuerdos inestables para legislar y, sobre todo, para sobrevivir. Sin minoría de bloqueo, su presidencia arrancaría en condición de vulnerabilidad.

Las cuerdas separadas

Mientras tanto Perú sigue atrapado en su paradoja: una economía relativamente sólida coexistiendo con una política disfuncional. El país mantiene fundamentos macroeconómicos robustos con un crecimiento proyectado de 3,2% este año, por encima del promedio regional, aunque aún lejos de su potencial.

Sin embargo, bajo esa estabilidad persisten profundas fragilidades: informalidad superior al 70%, pobreza del 25,7% y serios déficits en salud, educación y desarrollo humano. Esta desconexión entre estabilidad económica y bienestar social alimenta un creciente malestar ciudadano que se refleja en las urnas.

En paralelo, la política atraviesa una prolongada crisis de representación e institucionalidad. Los partidos se han debilitado, la fragmentación domina el sistema y amplios sectores de la ciudadanía votan más por rechazo que por adhesión a un proyecto político. Aunque la economía ha resistido hasta ahora el caos político, esa resiliencia comienza a mostrar signos de agotamiento que ya afectan la confianza, la inversión y el crecimiento.

¿Volver a elegir el mal menor?

Me incluyo entre los analistas que opinan que el votante indeciso no definirá su voto por equipos técnicos ni planes de gobierno. Lo hará basado en sus miedos: ¿Le teme más al fujimorismo o a Sánchez? Esta pregunta es el verdadero eje que definirá el balotaje.

Si gana Fujimori, deberá demostrar que puede gobernar sin reproducir la lógica de autoritarismo, control institucional y revancha que nutrió al antifujimorismo durante décadas.

Si triunfa Sánchez, deberá probar que puede representar al Perú excluido sin conducir al país hacia una nueva crisis institucional ni descarrilar la economía.

Resumiendo: El balotaje del 7 de junio definirá no solo quién ocupará el Palacio de Gobierno, sino también qué tipo de régimen político -y qué modelo de país- prevalecerá en los próximos años. Todo ello ocurre en el contexto de un sistema que The Economist ya no clasifica como una democracia, sino como un “régimen híbrido”, y que el Varieties of Democracy Institute considera “en proceso de autocratización”.

En suma, más que una elección ordinaria, el país enfrenta una encrucijada crítica cuyo desenlace tendrá profundas implicancias para su estabilidad, gobernabilidad y modelo de desarrollo. Quien gane lo hará con un mandato precario y una sociedad profundamente polarizada. Si vuelve a fracasar, el Perú corre el riesgo de derivar en una “kakistocracia”: el gobierno de los peores.