Chile enfrenta una disyuntiva que no admite ambigüedades. Tras años de estancamiento y bajo crecimiento, el país necesita algo más que diagnósticos compartidos: requiere decisiones políticas capaces de revertir un ciclo que ha dejado de ser coyuntural para transformarse en una preocupante normalidad. En ese contexto, el conjunto de proyectos de ley que el gobierno enviará al Congreso constituye una ocasión decisiva.

No se trata de iniciativas aisladas, sino de un paquete coherente orientado a reactivar la inversión, dinamizar la actividad productiva y recuperar la confianza, elemento esencial para cualquier proceso de crecimiento sostenido. Sin colocación de capital no hay expansión económica, y sin esta no hay empleo de calidad ni mejoras reales en las condiciones de vida de las personas. Así de simple, y así de exigente.

Es cierto que algunas de las medidas anunciadas pueden generar resistencia. La reducción de la tasa impositiva para las empresas, por ejemplo, suele ser vista bajo una lógica cortoplacista que omite su efecto sistémico: incentivar la inversión, aumentar el producto y generar empleo de calidad. En economías abiertas y competitivas, penalizar la inversión termina, en los hechos, castigando las oportunidades laborales de miles de personas.

La discusión, por tanto, no puede quedarse en la superficie de lo popular o impopular. Gobernar exige distinguir entre aquello que genera aplausos inmediatos y aquello que, aunque incómodo en un inicio, resulta imprescindible para el bienestar futuro. En este sentido, el Presidente Kast parece haber optado por lo segundo: impulsar reformas que apuntan al corazón del problema económico chileno, aun a riesgo de erosionar su capital político en el corto plazo.

A ello se suma un elemento crítico: la oportunidad. Este plan debe ser aprobado con prontitud, en su integridad esencial e, idealmente, con un respaldo amplio en el Congreso. La fragmentación, la dilación o la desnaturalización de su contenido pueden terminar vaciándolo de eficacia, debilitando precisamente el impacto que busca causar. En economía, los tiempos importan, y las señales también: un proceso legislativo ágil y coherente puede marcar la diferencia entre reactivar expectativas o consolidar la incertidumbre.

El rol del Congreso será, entonces, determinante. Ratificar este conjunto de proyectos no significa un cheque en blanco, pero sí implica comprender la magnitud del desafío y la urgencia de actuar. Postergar, diluir o bloquear estas iniciativas no es neutral: es, en la práctica, optar por mantenerse en punto muerto.

Chile ha demostrado en el pasado capacidad de generar consensos en torno al crecimiento como condición básica del progreso social. Hoy, ese acuerdo debe renovarse con realismo y sentido de responsabilidad. Porque crecer no es un fin en sí mismo, pero sin crecimiento todo lo demás se vuelve inviable. Es la hora de tener el coraje de hacer crecer a Chile.

Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, Universidad de los Andes