La Ley de Responsabilidad Fiscal establece que el Informe de Finanzas Públicas (IFP), se publique con periodicidad trimestral, sin embargo, no se especifica un plazo específico para su presentación. En la práctica, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) define cada año un calendario tentativo para su publicación que, como ya se evidenció con el IFP del primer trimestre de 2026, se puede modificar arbitrariamente.

Esta situación llama particularmente la atención, en la medida que la actual DIPRES no aplazó una, sino dos veces la fecha de publicación del último informe. Sin embargo, esta no es la primera ocasión que se modifica la fecha de entrega sobre la marcha. Esto se alinea con el hecho de que el calendario del Informe de Finanzas Públicas es independiente al calendario que rige la publicación de las estadísticas de finanzas públicas, revelando diferentes tratamientos del IFP respecto a otros reportes fiscales relevantes como lo son los informes de ejecución presupuestaria mensual o el reporte trimestral de deuda pública.

De este modo, se puede evidenciar cómo la política comunicacional de DIPRES está sujeta a menores estándares que los aplicados en la divulgación de información estadística liderada por otros organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central. En ambos casos, las instituciones mencionadas se rigen por calendarios preestablecidos, que no solo consideran la fecha, sino también una hora específica de divulgación, lo que permite que información crucial como la contenida en el Informe de Política Monetaria (IPoM) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sean previsibles en cuanto a su oportunidad y uso por parte del mercado y analistas. En contraste, la publicación de información fiscal carece de horario establecido, pudiendo ser difundida a primera hora de la mañana o una vez finalizadas las jornadas laborales tradicionales.

Entonces, mientras el mercado puede internalizar la fecha y hora de divulgación de anuncios de política monetaria por parte del Banco Central o los indicadores sectoriales y las cifras de empleo difundidas por el INE, no se puede confiar de la misma forma en la publicación oportuna de la información fiscal. Así, el incumplimiento de plazos preestablecidos y la ausencia de reglas claras para la publicación de estadísticas y reportes fiscales terminan debilitando la credibilidad institucional.

Y esto resulta especialmente delicado en el escenario actual, marcado por un deterioro de las cuentas fiscales, donde la oportunidad y previsibilidad de la información son fundamentales. De esta forma, se abre un espacio para avanzar en formalizar la divulgación de las estadísticas y reportes de finanzas públicas con estándares similares a lo que actualmente se aplican en el INE o el Banco Central. A fin de cuentas, fortalecer la política comunicacional en materia fiscal no es un detalle administrativo: es una condición necesaria para resguardar la confianza en la institucionalidad económica.

Por Valentina Apablaza y Juan Ortiz, economistas del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) UDP.