La reciente discusión legislativa en torno al fraccionamiento pesquero no representó una oportunidad para el país ni contribuyó a fortalecer al sector en su conjunto. Por el contrario, evidenció una mirada parcial, estática y de corto plazo por parte del gobierno de turno. En lugar de preguntarse cómo posicionar a Chile como una potencia pesquera —considerando las condiciones privilegiadas que ofrece nuestro país—, el debate se centró exclusivamente en restarle competitividad a la industria, precarizar el empleo y redistribuir lo que ya existe.

La experiencia de la pesca industrial en las últimas décadas demuestra que es posible generar más valor con menores volúmenes. Hoy se captura apenas un tercio de lo que se extraía hace 30 años, pero el valor agregado es considerablemente mayor, con exportaciones un 129% superiores a las de 1994. No solo vendemos a mejores precios: también producimos con mayor eficiencia, incorporando calidad, innovación y empleo.

Este avance ha sido especialmente evidente en el sector industrial, que ha evolucionado hacia la elaboración de ingredientes marinos de alto estándar, alimentos para consumo humano e incluso productos farmacéuticos, elevando así el valor económico y social de la actividad.

Lamentablemente, la ley recientemente aprobada avanza en sentido contrario. En vez de incentivar que los artesanales incorporen tecnología e innovación, y generen mayor valor agregado —lo que habría elevado significativamente el nivel de desarrollo productivo—, se optó por una solución que empobrece a la industria, sin aportar un mejor ordenamiento al otro sector.

Durante la tramitación, marcada por criterios ideológicos, no se abordaron temas fundamentales como la productividad, la trazabilidad, la infraestructura ni los incentivos necesarios para que la pesca artesanal acceda a mercados de mayor valor. El debate se redujo a evitar el cierre de algunas empresas, sin una mirada de largo plazo que considere el empleo, la inversión y el desarrollo sostenible del sistema pesquero.

Como resultado, muchas empresas hoy operan al límite. Ya no existe margen para reducir aún más su actividad sin poner en riesgo el empleo ni la continuidad de la cadena productiva.

El gran desafío es dar estabilidad al sector. Deberíamos construir una mirada al 2050, que vaya más allá de la orientación de cada gobierno, por lo que se vuelve crucial que la ideología no se imponga sobre la ciencia, en que la administración pesquera se base en fundamentos técnicos, información fidedigna y evidencia científica. Solo así podremos ofrecer certeza jurídica y reglas claras para la inversión.

Tenemos la posibilidad de construir una pesca sustentable y eficiente en los próximos años. Pero eso exige hacernos la pregunta correcta: ¿cómo hacemos crecer al sector pesquero, en lugar de debilitarlo o hacerlo desaparecer?

Debemos crear más riqueza, no redistribuir la escasez. Y eso implica generar condiciones para que tanto el sector artesanal como el industrial avancen hacia una pesca más sostenible, más valiosa y más justa, invirtiendo en tecnología, trazabilidad, diversificación de productos y mejores condiciones para el consumo humano.

El desarrollo no se logra enfrentando a unos con otros, sino construyendo, en conjunto, un mejor futuro para toda la pesca chilena.

*El autor de la columna es presidente de Sonapesca