Futuro Congreso y gobernabilidad

La composición del nuevo Congreso era un dato aguardado con expectación, pues estando en competencia programas presidenciales que encarnaban visiones muy distintas de país, era fundamental conocer con qué fuerzas parlamentarias gobernaría quien logre llegar a La Moneda.

El dato global es que ninguna fuerza política logró hacerse de mayorías que le permitan impulsar reformas con quórums exigentes, lo que desde ya desdramatiza un tanto el resultado que arrojen las urnas el próximo 19 de diciembre, pues los cambios más complejos necesariamente deberán negociarse.

El Congreso que debutará a partir de 2022 muestra un importante nivel de renovación -con 90 rostros nuevos-, producto de la ley que impidió la reelección de aquellos diputados y senadores que hubiesen enterado dos reelecciones. Es probable que esta reforma haya jugado un rol importante para permitir que nuevas fuerzas políticas lograran hacerse de un espacio, o bien algunas que actualmente tienen baja presencia -tal es el caso del Partido Comunista-, incrementaran sustancialmente su número de parlamentarios.

Dentro de las fuerzas debutantes, el Partido de la Gente (PDG) -la plataforma del candidato Franco Parisi-, logró seis diputados, mientras que el Partido Republicano -donde milita José Antonio Kast-, aumentó a 14 el número de representantes, además de un senador. El PC, por su parte, creció a 12 diputados, con lo cual pasó a ser la principal fuerza de Apruebo Dignidad, secundado por Convergencia Social, con nueve representantes. A ello cabe agregar que el PC logró dos representantes en el Senado, retomando una presencia en la Cámara Alta que no se daba desde 1973. La llegada al Senado de figuras independientes como Fabiola Campillay -detrás de cuyo éxito electoral puede estar lo que fue la ex Lista del Pueblo- también añade un fuerte aire de renovación.

Junto con esta renovación de fuerzas y rostros, el Congreso que debutará a partir de marzo de 2022 seguirá presentando altos niveles de fragmentación, fenómeno que ya ocurre con la actual legislatura, producto del sistema proporcional que entró a regir a partir de 2017. Una de las grandes críticas es que si bien ello permitió mayor diversidad, no es un sistema que favorezca la gobernabilidad, producto de la dispersión de fuerzas. Este mecanismo también acentuó la elección de parlamentarios con muy baja votación -en algunos casos con 1%, o incluso menos, producto del arrastre que se produce en las listas-, algo que ha vuelto a repetirse en esta elección, y que por cierto desconcierta a los votantes. Es frecuente que estos parlamentarios incurran a su vez en prácticas de excesivo protagonismo, a fin de ganar visibilidad, lo que erosiona la calidad de la democracia.

En el nuevo Congreso 21 partidos políticos tendrán representación, y si a ello se añade que es totalmente incierta la dirección en que votará el PDG, es previsible que la gobernabilidad seguirá siendo una variable que ninguna candidatura tendrá asegurada, lo que anticipa dosis de inestabilidad. La Convención Constitucional deberá abocarse a evaluar con mucha detención nuestro actual régimen electoral, tal que no se generan incentivos a la ingobernabilidad.