Las declaraciones del comandante en jefe de la Armada sobre la conveniencia de que la Marina sea retirada del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur no debieran ser recibidas como una señal de abandono, menos de irresponsabilidad. Por el contrario, deben ser interpretadas como un llamado urgente a los poderes del Estado y la clase política a reconocer abiertamente una realidad que lleva años siendo negada o eludida por muchos: en La Araucanía y el Biobío existe terrorismo.

Las FF.AA. no están diseñadas para combatir una amenaza que no ha sido reconocida por quienes poseen la potestad legal correspondiente. El despliegue militar, aunque necesario para contener episodios de violencia, no puede sustituir una política integral, ni prolongarse indefinidamente en ausencia de una voluntad política decidida de combatir la violencia terrorista. Adicionalmente, la Armada tiene una misión principal y estratégica que cumplir —la defensa nacional—, que exige preparación permanente y despliegue soberano. Distraerla sin límite en tareas de control interno, propias de fuerzas de orden y seguridad, la aleja de su rol fundamental.

Este dilatado estado de excepción ha mostrado la ambigüedad del Estado frente a la violencia rural armada. Mientras se extienden decretos, se despliegan efectivos y se refuerzan medidas de seguridad, se evita cuidadosamente utilizar el término “terrorismo”, se relativizan las causas de tal criminalidad y se distrae la atención de los hechos con un interminable análisis de las “causas de fondo”. Una demanda histórica –por legítima que sea– no justifica que grupos minoritarios, escasamente representativos de los pueblos originarios, asesinen, incendien, asalten, tomen tierras y amedrenten sistemáticamente.

Esa inconsistencia mina no solo la eficacia de las acciones, sino también la legitimidad de las instituciones encargadas de hacer valer la ley. Negarse a llamar terrorismo a lo que, en efecto, cumple con todos sus requisitos –violencia planificada, con medios de guerra, motivada por fines ideológicos y con efecto intimidatorio sobre la población civil– es una omisión política grave que alimenta la impunidad.

Por eso, los dichos del almirante De la Maza no deben escandalizar. Más bien, debieran interpelar a quienes, incumpliendo los deberes de sus cargos o situándose en las tribunas del relativismo, han dejado pasar demasiado tiempo sin enfrentar la cuestión de fondo: la pérdida del Estado de Derecho en una parte significativa del territorio nacional.

La solución, está claro, no pasa solo por lo militar. Pero cualquier política –de diálogo u otra– solo será viable en un contexto de orden y seguridad efectiva. Y eso exige, en primer lugar, aceptar la naturaleza de los hechos. El Estado no puede seguir delegando la responsabilidad en las FF. AA. entretanto renuncia al deber político y moral de restablecer plenamente el imperio de la ley. Si se quiere verdaderamente paz duradera en el sur, se debe partir por dejar de fingir que no hay terrorismo. Y actuar en consecuencia.

Por Álvaro Pezoa, director Centro de Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes