Chile ha sostenido por décadas una política abierta hacia la inversión extranjera directa, basada en el principio de no discriminación. Este marco ha sido un pilar de su prestigio internacional: estabilidad institucional, apego al debido proceso y alta predictibilidad. En un entorno regional más volátil, ello ha constituido una ventaja comparativa relevante para atraer capitales y sostener el crecimiento.

Sin embargo, esa arquitectura fue diseñada para un contexto internacional distinto. El orden global que la sustentó marcado por la expansión de la economía liberal y la promoción de la democracia de los años noventa ha dado paso a una fase de transición caracterizada por la competencia entre grandes potencias. Hoy, el eje ya no es la apertura de mercados, sino el control de cadenas de suministro, tecnologías sensibles e infraestructura crítica.

En este nuevo escenario, países europeos han incorporado mecanismos de revisión de inversiones por razones de seguridad o interés nacional. La eventual iniciativa anunciada por la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de retomar un proyecto de ley en el Congreso abre, por tanto, un debate ineludible cómo compatibilizar la tradicional apertura chilena con la necesidad de resguardar activos estratégicos sin erosionar la confianza de los inversionistas.

El punto de partida es claro. Chile ha enfrentado episodios complejos; licitaciones fallidas (pasaportes), cuestionamientos a proyectos astronómicos y de fibra óptica que han expuesto los límites de un enfoque puramente reactivo. En un contexto de creciente presión geopolítica, la ausencia de herramientas institucionales adecuadas no solo tensiona la toma de decisiones, sino que también afecta la imagen país.

Persistir en la inercia no es una opción. Un Estado que responde caso a caso, ajustando criterios bajo presión, introduce incertidumbre y debilita la credibilidad de largo plazo. Para los agentes económicos, la estabilidad regulatoria no es un atributo secundario, es una condición habilitante de la inversión. Pero esa estabilidad hoy exige actualizarse frente a riesgos que antes no existían o no eran relevantes.

El desafío, por tanto, no es optar entre apertura o control, sino diseñar un marco que integre ambos objetivos. Esto implica establecer criterios claros, acotados y transparentes para la eventual revisión de inversiones, circunscritos a sectores o activos efectivamente estratégicos. Un diseño institucional robusto debe evitar la discrecionalidad política, resguardando la coherencia técnica y la previsibilidad jurídica.

Para un país como Chile, abierto, inserto en cadenas globales y con activos relevantes en minería y energía, el equilibrio es particularmente delicado. Una sobrerregulación podría desalentar flujos de inversión en momentos en que son críticos para el desarrollo. Pero la ausencia de regulación puede traducirse en vulnerabilidades crecientes en áreas sensibles.

En última instancia, la discusión es sobre márgenes de autonomía en un mundo más complejo. No se trata de cerrar la economía, sino de dotar al Estado de capacidades modernas para gestionar riesgos sin comprometer su vocación de apertura. La pregunta no es si Chile debe hacer algo, sino cómo hacerlo bien. Un debate de esta naturaleza exige altura de miras: preservar lo que ha funcionado, pero adaptarlo con inteligencia a las exigencias del presente.

Por Andrés Villar Gertner, profesor, Magister Ciencia Política, UC.