Cuando alguien tiene problemas por falta de cumplimiento de un contrato por su contraparte, sin otras opciones, interpondrá una demanda judicial. Bueno, eso ocurre en países cuya justicia funciona. En Chile está flaqueando en lo civil y, si bien se presentan acciones, estas son menos de las reales y muchas por exigencias legales.

Los procesos civiles constituyen una cantidad significativa del ingreso anual de causas, 960.683 el 2025, con un promedio en los últimos años que bordea el 40% del total. Se han introducido reformas procesales en décadas recientes (penal, familia, laboral, etc.), pero no en este ámbito.

El diagnóstico de la justicia civil en Chile es crítico. Regida por el Código de Procedimiento Civil de 1902, funciona a través de mecanismos escriturados. Su duración se extiende entre 3 y 5 años en primera instancia, a los que cabe agregar 2 más a lo menos, si hay apelación y casación. El juez es muy pasivo, los procedimientos son engorrosos, costosos, de bajo recupero y alto abandono. El resultado es una justicia cara, inaccesible para la mayoría.

Este diagnóstico no solo es ampliamente compartido, también existe un vasto consenso en cómo y qué reformar. El 2014, se presentó una modificación integral al CPC por el Presidente Piñera, complementada el 2022 por el mismo en su segundo mandato, cuenta con financiamiento fiscal, aumenta la cobertura, reduce costos, introduce procedimientos simplificados que disminuyen en un 60% la extensión del juicio ordinario (87% el sumario), e incluye la mediación como vía expedita y cercana para resolver los conflictos, asegurando el acceso a la justicia. Esta última propuesta no ha tenido tramitación alguna en el Congreso Nacional.

La crisis legislativa ha alcanzado niveles exorbitantes. En estos días, ante la presentación oficial de una Ley de Reconstrucción Nacional, la oposición amenazó con formular miles de indicaciones, un carnaval de propuestas, para obstruir el trabajo parlamentario. En una democracia seria y responsable, las diferencias se dirimen votando, no poniendo diques de contención que impidan avanzar. Por esa misma lógica, se postergan a perpetuidad proyectos de relevancia, esos que resuelven problemas de cientos de miles de chilenos –como la Reforma Procesal Civil- mas no figuran en las prioridades de los legisladores, entretenidos en el espectáculo, en vencer y no en convencer, en destruir y no en rectificar, proyectos que, con suerte, terminan zanjados por una “ley corta”.

El Congreso requiere rediseñar su forma de actuar, estableciendo mecanismos para discutir técnicamente y en plazos acotados iniciativas de envergadura como la mencionada. De lo contrario, caerá en la irrelevancia y aumentará su desprestigio.

Mañana, en la Universidad Católica, Clapes y el Programa de Reformas a la Justicia (que integro) darán a conocer los resultados de un estudio que informa el elevado costo que tiene no aprobar una reforma procesal civil. Hay poca esperanza que ello sensibilice a los responsables, pero hay que seguir en la lucha.

Algún día la pera, madura, caerá.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario