En estos meses, en que hemos visto permanentemente hechos delictuales graves contra las personas protagonizados por adolescentes, también han surgido numerosas opiniones que plantean endurecer las penas, rebajar la imputabilidad, entre otros, sin embargo, poco se ahonda en los motivos que llevan a los jóvenes a delinquir. Nos hemos quedado mirando los efectos y no abordando las causas. Parece evidente que ningún niño nace violento o delincuente, es en la ausencia de afecto, oportunidades y de adultos presentes en la crianza, en que la “delincuencia juvenil” surge como respuesta al abandono temprano.

Las universidades de Edimburgo y Washington, que han desarrollado algunos de los estudios más serios sobre prevención y reinserción, coinciden en algo elemental y profundo: el crimen se previene, mucho antes de que ocurra. El enfoque de salud pública ha permitido identificar claramente la existencia de factores de riesgos, presentes en la mayor parte de comportamientos negativos, incluidos la violencia y la delincuencia. Uno de los factores transversales, a la mayor parte de conductas problemáticas, es la disfuncionalidad familiar: uno de cada cuatro internos en cárceles tuvieron un papá, una mamá o un adulto responsable preso y más de la mitad abandonó su casa aun siendo niño. La adherencia a modelos antisociales -al interior de la familia- incide directamente en el inicio de trayectorias delictivas tempranas; por el contrario, cuando una madre o un padre aprende a poner límites con cariño, cuando un niño encuentra en su escuela un lugar donde se siente reconocido, cuando el barrio se convierte en un espacio de cuidado y no de miedo, encontramos factores protectores que facilitan el desarrollo positivo del adolescente, a pesar de entornos de vulnerabilidad, de allí que vemos cómo aún en contextos de alta exclusión social, la mayor parte de las personas está al margen de las actividades delictivas o antisociales.

En nuestro país, sin embargo, gastamos más en perseguir delitos que en evitarlos. Se aumentan los presupuestos para el control y la infraestructura, pero para prevención social los recursos son mínimos, coberturas que no alcanzan una parte ínfima de la necesidad y con programas sin evidencia o de bajo impacto. Hoy uno de los mejores modelos disponibles en la oferta pública es la Terapia Multisistémica, pero sus cupos no cubren el 10% de la demanda anual. Por esto resulta indispensable que fortalezcamos la oferta preventiva en el Estado con sólida evidencia mundial y coberturas significativas.

Se requieren programas de apoyo a la crianza disponibles a nivel local, adosados a las Oficinas Locales de la Niñez, en el Sistema Lazos o en el Chile Crece Más. Asimismo, incorporar una oferta de desistimiento delictivo para los más de 2 mil inimputables, 600 de los cuales están en el Servicio de Protección Especializada. También se deben resolver las listas de espera, enfrentar la grave crisis en salud mental de niños y adolescentes, e incorporar dispositivos especializados para problemáticas complejas como trastornos de personalidad y trauma. Prevenir es invertir en el vínculo protector antes que en un muro. No es ingenuidad, sino la certeza de que, frente a un joven en riesgo, podemos llegar antes y cambiar su realidad. Un Estado que fortalece la familia, apoya a la escuela y articula a la comunidad, puede detener las trayectorias delictivas y violentas que nos preocupan hoy y que capturan a miles de niños y jóvenes que debemos proteger.

Por Marcelo Sánchez, director ejecutivo Fundación San Carlos de Maipo