La centroderecha y la cuestión constitucional



Por Julio Isamit, exministro y director de contenidos Res Publica

El 4 de septiembre, todos los ciudadanos con derecho a voto estamos convocados de forma obligatoria a pronunciarnos sobre el borrador constitucional propuesto por la Convención. En la papeleta no se enjuicia el acuerdo de las izquierdas para reformar post Apruebo ni los compromisos previos de la centroderecha para el caso de triunfar el Rechazo. Lo único que se vota es si el borrador constitucional merece o no convertirse en nuestra Carta Magna.

Sin embargo, tanto para enfrentar el plebiscito, como para encauzar el debate post 4 de septiembre, la centroderecha debe tener a la vista tres elementos cruciales:

Primero, la importancia de un diagnóstico adecuado sobre el proceso político que vive Chile. Existen muchas interpretaciones del 18 de octubre, pero es ingenuo ignorar que para parte importante de la extrema izquierda fue el inicio de una verdadera revolución cuyo punto cúlmine es el cambio constitucional. Para ellos el proceso constituyente no fue una solución institucional a la violencia, sino la institucionalización de la revolución. No por nada, la Convención en sus inicios adhirió al más furibundo programa octubrista: soberana y refundacional.

Frente a eso, se debe reconocer que la actual Constitución Política se encuentra plenamente vigente hasta que los ciudadanos lo decidan, porque pese a sus limitaciones y desacreditación política, es deber de las autoridades cumplirla y hacerla cumplir. De lo contrario, seguiremos siendo testigos del absurdo de ver a los mismos que pregonan su muerte -en uno y otro lado- ejercer sus cargos, cobrar sus sueldos e invocar las prerrogativas que la propia Constitución establece.

Una segunda idea relevante, es convencerse de la legitimidad que la centroderecha tiene para intervenir en política, huyendo de una pobre visión que reconoce superioridad al adversario, se autocensura y termina en la aceptación de vetos por la contraparte. Es deber de la derecha promover sus ideas y representar a sus millones de votantes en la discusión constitucional, sin derecho a renunciar a las ideas que hacen que muchos chilenos los respalden.

La centroderecha podrá tener más o menos votos, más o menos convencionales, pero nunca tendrá menos legitimidad para difundir y promover los principios de primacía de la persona, bien común, libertad, subsidiariedad y solidaridad en el orden social, que han sentado las bases del progreso de Chile.

Es cierto que muchas veces parte de la coalición prefirió cobijarse en las reservas de constitucionalidad de muchos malos proyectos, antes de realizar el trabajo cultural y político de convencer a los chilenos que dichos proyectos los perjudicaban y presentar una alternativa desde nuestras ideas. Pero peor aún, es hacer propias las ideas y errores ajenos.

Tercero, la centroderecha debe recordar la clásica misión de una Constitución, que no es otra que limitar el poder, reconocer y garantizar los derechos y libertades de las personas. Sin perjuicio de eventuales y necesarias incorporaciones en materias sociales. Para eso, debe existir un total compromiso post 4 de septiembre de redactar un nuevo borrador o impulsar las reformas que logren este objetivo, pero sin caer en la trampa de las izquierdas que muchas veces busca más consagrar un programa de gobierno a nivel constitucional que solo establecer las reglas del juego, para que las fuerzas políticas desplieguen sus propias ideas desde el Ejecutivo o el Legislativo.

El 4 de septiembre es un día decisivo en la historia de Chile, pero también lo serán los días que lo seguirán, donde tendremos una nueva oportunidad de tratar la discordia constitucional, sabiendo que para superarla se requiere liderazgo y generosidad, pero también las ideas de todos, sin vetos ni autocensuras.

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