Durante años, la fecundidad fue tratada en Chile como un dato demográfico más: relevante para especialistas, pero marginal en la discusión pública. Hoy esa mirada resulta insostenible. Con una tasa global de fecundidad que en 2025 cayó a 0,97 hijos por mujer —según el INE— el país ha entrado en un escenario demográfico inédito. La fecundidad dejó de ser un indicador estadístico para transformarse en un asunto estratégico para el desarrollo.

Las proyecciones son elocuentes. La población chilena crecerá apenas en la próxima década y comenzará a disminuir hacia 2037, mientras el envejecimiento avanzará con rapidez. En 2035, más de una cuarta parte de la población tendrá más de 60 años; hacia 2070, ese grupo superará la mitad del total. No es solo un cambio demográfico. Es una transformación estructural que tensionará el sistema de pensiones, el financiamiento de la salud y la base misma del dinamismo económico. En términos simples: ningún país puede sostener su desarrollo si su estructura demográfica deja de respaldarlo.

Durante mucho tiempo, el debate público asumió que tener hijos era una decisión estrictamente privada. Sin embargo, la evidencia comparada muestra que las decisiones reproductivas están profundamente condicionadas por el entorno institucional: las condiciones laborales, la disponibilidad de servicios de cuidado, la seguridad económica de los hogares y la manera en que una sociedad distribuye las responsabilidades familiares.

En Chile, ese entorno sigue siendo restrictivo. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2024 muestra que las mujeres con hijos pequeños dedican más de siete horas diarias al trabajo no remunerado. Cerca del 70% de las labores de cuidado recaen en mujeres, con efectos directos en sus trayectorias laborales y en las decisiones familiares.

Las percepciones sociales reflejan esta realidad. Según la Encuesta Bicentenario 2024, el 66% de las personas considera que tener más hijos dificulta que las mujeres trabajen. Para muchas familias, ampliar el proyecto familiar implica enfrentar costos laborales y económicos significativos. Estimaciones recientes de Clapes UC sugieren que el gasto mensual puede ir desde cerca de $350 mil para un bebé en hogares de menores ingresos hasta más de $700 mil para un estudiante universitario en familias de mayores recursos, lo que ilustra la magnitud del compromiso económico que implica ampliar el proyecto familiar.

Cuando el entorno institucional no acompaña las decisiones familiares, la consecuencia suele ser una fecundidad persistentemente baja. No necesariamente porque desaparezca el deseo de tener hijos, sino porque las condiciones para hacerlo se vuelven cada vez más adversas.

La experiencia internacional muestra que esta tendencia no es inevitable. Países que han logrado moderar la caída de la fecundidad —como Portugal, Islandia o Finlandia— lo han hecho mediante políticas públicas consistentes: sistemas de cuidado robustos, derechos parentales efectivos y entornos laborales compatibles con la vida familiar.

Chile se encuentra hoy ante esa misma disyuntiva. Persistir en la inercia actual implica aceptar un país más envejecido, con menor dinamismo económico y crecientes presiones sobre sus sistemas de protección social.

Por eso, el desafío para el próximo gobierno es claro: situar la fecundidad en el centro de la agenda pública. Ello exige avanzar decididamente en el perfeccionamiento de un sistema nacional de cuidados, ampliar la cobertura de educación inicial, fortalecer los derechos parentales y transformar culturas laborales que aún penalizan la maternidad y el cuidado. No se trata de medidas aisladas, sino de las condiciones institucionales mínimas para que formar una familia deje de ser un costo desproporcionado para quienes desean tener hijos.

Una sociedad que no logra crear condiciones para que nazcan nuevas generaciones termina, inevitablemente, comprometiendo su propia continuidad. Y ese es un riesgo que Chile ya no puede seguir ignorando.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC, profesora en Facultad de Economía y Administración de la UC, y directora de Somos Mujeres por Chile.