La “guerra contra las drogas” fue, por décadas, la política de Estados Unidos para enfrentar su propio consumo: más interdicción, policías, militares, erradicación y extradiciones. En América Latina, esa receta se tradujo en capacidades de seguridad hipertrofiadas, fronteras militarizadas y ciclos interminables de violencia. Sin embargo, el balance es inequívoco: la oferta se adaptó, el negocio se sofisticó y las organizaciones criminales aprendieron a sobrevivir bajo presión.

En el caso de la cocaína, el mercado sigue impulsado por el mismo motor de siempre: una demanda sostenida y rentas extraordinarias. En Estados Unidos, los datos oficiales estiman cerca de cinco millones de consumidores, mientras se registran récords recientes de producción y una expansión sostenida de los mercados. La respuesta aplicada (erradicación de cultivos, operaciones policiales y militares, control fronterizo) no modificó el corazón del problema: mientras la demanda permanezca alta, la innovación criminal seguirá siendo más rápida. Los incentivos económicos del negocio, además, favorecen la fragmentación y recomposición: se golpea una estructura, nacen dos; se cierra una ruta, aparecen tres; se captura un liderazgo, se redistribuye la violencia en el territorio. Pero el verdadero punto de inflexión hoy no es la cocaína. En Estados Unidos, la crisis se llama opioides sintéticos (con el fentanilo como símbolo) y su saldo humano es devastador. Esta no es una “crisis de seguridad” solamente: es una crisis de salud pública y de regulación de mercados ilícitos que atraviesan cadenas globales de producción.

En ese nuevo escenario, Washington parece estar ensayando otro giro: cambiar el marco narrativo y operativo. Los hechos recientes muestran la escala del cambio. Una campaña de ataques sobre embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico dejó más de 115 muertos. En los últimos días, la discusión pública se movió hacia la posibilidad de ataques terrestres a infraestructura, laboratorios o redes logísticas en países latinoamericanos, con declaraciones explícitas sobre “empezar a golpear en tierra”.

Aquí hay un riesgo central para la región: la militarización extraterritorial puede terminar produciendo exactamente lo contrario de lo que promete. Una ofensiva sin control judicial robusto, sin transparencia y sin cooperación legítima con los Estados involucrados puede convertirse en un multiplicador de violencia. En sociedades donde el crimen organizado ya disputa territorios, corrompe instituciones y extorsiona economías locales, los shocks militares tienden a profundizar esa capacidad adaptativa: más clandestinidad, más diversificación criminal, más fragmentación y, por tanto, más disputa armada.

También hay un riesgo geopolítico: las drogas dejan de ser un problema de persecución penal para convertirse en eje narrativo de la estrategia internacional. Cuando la droga se vuelve argumento para rediseñar relaciones hemisféricas, la seguridad deja de ser política pública y se transforma en doctrina. Y esa doctrina, en América Latina, suele tener costos asimétricos: los muertos, la violencia territorial y la erosión institucional se quedan de este lado; la demanda y las rentas del mercado ilícito siguen del otro.

Nada de esto implica negar la gravedad del narcotráfico. Implica reconocer lo obvio: si la política se concentra en “pegar” sobre la oferta sin reducir la demanda y sin fortalecer la salud pública, el mercado se reacomoda. Si el enfoque se concentra en la espectacularidad de la fuerza —la guerra televisada—, el resultado es propaganda, no efectividad. Y si se sustituye la cooperación por la amenaza, se debilitan las capacidades estatales locales que, al final del día, son las únicas que pueden disputar control territorial de forma sostenible.

Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.