Hellmut Lagos Koller es diplomático de carrera especializado en diplomacia multilateral y desarme humanitario.

Mientras seguimos observando el desarrollo de la invasión rusa a Ucrania, conviene detenernos a reflexionar sobre una arista que resulta particularmente preocupante:

Hace algunos días, el Presidente Vladimir Putin anunció que ha instruido elevar los niveles de alerta de sus armas nucleares, ordenando a sus fuerzas nucleares a pasar a un “régimen especial de combate”.

Más allá del componente retórico de la declaración, se trata de un anuncio que ha generado gran preocupación a nivel global. Sostener altos niveles operacionales de alerta se entiende como mantener las ojivas nucleares preparadas para ser utilizadas de manera casi inmediata y sin tener que someter esa decisión a una evaluación previa. Un grupo de países, entre los cuales está Chile, ha promovido desde hace años una iniciativa para que los estados poseedores de armas nucleares reduzcan sus estados de alerta, porque de esa manera se pueden disminuir los riesgos de una decisión prematura y de una reacción apresurada ante lo que eventualmente puede ser una falsa alarma.

Sin duda, el anuncio del Presidente ruso debe ser tomado en serio, porque implica un giro desde la declaración de la cumbre con el Presidente Biden en Ginebra el año pasado, en la cual ambos mandatarios emitieron una declaración en la cual reafirmaron que “una guerra nuclear no puede ser ganada y nunca deberá librarse”.

Ese principio, asumido por primera vez por Reagan y Gorbachov en 1985, representa un reconocimiento de que cualquier uso de armas nucleares tendría como consecuencia la destrucción de todos. Con el reciente anuncio de Putin, se retrocede a la idea de que la utilización de armas nucleares constituye un recurso legítimo y además efectivo para ganar una guerra. Estas declaraciones reafirman la importancia prioritaria de seguir avanzando en el difícil camino hacia un mundo sin armas nucleares.

Al respecto, resulta pertinente destacar el rol determinante que ha tenido la región de América Latina y el Caribe en los procesos multilaterales para alcanzar el desarme nuclear. En ese sentido, cabe recordar la negociación del Tratado de Tlatelolco en 1967, a través del cual, bajo el liderazgo de México, los países de la región se comprometieron a renunciar a las armas nucleares y se estableció la primera zona poblada libre de armas nucleares. Este proceso, que ocurrió como reacción a la crisis de los misiles nucleares en Cuba, constituye el inicio de una cruzada de nuestros países en este desafío global.

Muchos años después, en 2017, se negoció el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares bajo la Presidencia de Costa Rica y con una activa y concertada participación de nuestra región. Sin duda, como lo ha demostrado este conflicto, falta mucho para que el mundo pueda deshacerse por completo de la amenaza nuclear. Estas noticias negativas deben motivar a no bajar los brazos en estos esfuerzos globales, porque las consecuencias humanitarias de una guerra nuclear serían devastadoras para todos los países.

Junto con las negociaciones bilaterales entre las potencias nucleares, la mejor manera de enfrentar esta amenaza es a través de la diplomacia multilateral y el fortalecimiento del régimen jurídico internacional, con el compromiso de todas las naciones y la participación de la sociedad civil. Para nuestros países, se trata de una obligación moral que trasciende nuestras legitimas diferencias y que nos permite proyectar una visión histórica común en un tema fundamental para la supervivencia humana. La primera reunión de estados parte del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares -ratificado por Chile en septiembre de 2021-, que tendrá lugar en Viena, constituye una oportunidad para seguir avanzando en la estigmatización de estas armas inhumanas y en el objetivo final de alcanzar su eliminación.