SEÑOR DIRECTOR:

Pasados más de 30 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y a más de un año de la promulgación de la Ley 21.430, sobre garantías y protección integral de sus derechos, uno esperaría que su reconocimiento y protección efectiva fuera un tema país alejado del debate contingente y mezquino que exhiben a diario las trincheras políticas, y que, por el contrario, se centrara en el logro de consensos y un trabajo riguroso, decidido y con sentido de urgencia.

Ejemplos de temas país que reflejan una visión de Estado son los vinculados a la defensa nacional y nuestras relaciones exteriores; en ellos observamos cómo todos los actores públicos, comprendiendo la necesaria consolidación de un trabajo a largo plazo, que debe ser consistente y sustentable, adoptan decisiones conscientes del valor positivo que sus acuerdos producen para el país y sus habitantes.

Esa visión de Estado es la que urge en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de niñez y adolescencia. Los cambios estructurales que el Estado debe realizar para asegurar a quienes se encuentran en esta etapa vital su bienestar, no pueden seguir esperando, y si hay un triste reflejo de la falta de decisión y voluntad política de aplicar esta visión es el bochornoso e inconcluso -a un mes de su vacancia- proceso de elección del defensor/a de la Niñez.

Este proceso es un reflejo, por una parte, del tan lamentable como evidente desinterés por el desarrollo integral de niños y niñas, y, por otra, de la verdadera visión de la niñez y adolescencia como un “botín político”, en el que priman las “negociaciones” y “cobros” entre partidos y sus miembros, con cálculos asociados a otros cargos que ninguna relación tienen con el de la elección, que enlodan un nombramiento que exige excelencia y rigor que no se observa.

Quien dirija la Defensoría de la Niñez debe tener conocimientos y competencias para promover, difundir y proteger a los más pequeños de nuestra sociedad, entregando garantías -para ellos y ellas, para sus familias, la sociedad e institucionalidad- de que actuará con plena y absoluta autonomía del poder político que le elige, lo que hoy, gracias al triste curso de este proceso, no es posible asegurar.

Confío en que, con extrema urgencia, el centro de esta elección se traslade desde el interés político partidista al interés superior de quienes son destinatarios del imprescindible quehacer público de la Defensoría de la Niñez.

Patricia Muñoz García

Primera defensora de la Niñez de Chile