Hay un fenómeno que la literatura académica ha denominado la “paradoja de las promesas vacías”: la ratificación de tratados de derechos humanos no siempre refleja una voluntad real de cumplirlos. A veces responde a incentivos diplomáticos, a la presión de pares, o a la lógica de proyectar una imagen de legitimidad internacional. El resultado es que el sistema premia la adhesión formal con independencia de lo que ocurra en la práctica. Y en algunos casos, esa cobertura normativa termina siendo funcional para quienes menos intención tienen de cumplir.

La lógica es perversa pero documentada. Un Estado puede ratificar la Convención contra la Tortura, recibir aplausos en Ginebra, y simultáneamente intensificar sus prácticas represivas. Los tratados de derechos humanos, a diferencia de los comerciales o financieros, carecen de herramientas coercitivas efectivas. No hay aranceles para quien tortura. No hay exclusión de mercados para quien encarcela opositores.

Y sin embargo, sería injusto concluir que el sistema no ha servido. Ha producido jurisprudencia que transformó legislaciones nacionales, dio visibilidad a violaciones que habrían quedado en la impunidad, y construyó estándares que hoy son parte del lenguaje común del derecho. El problema no es que haya fracasado, sino que su eficacia siempre dependió de condiciones políticas frágiles —y esas condiciones están hoy bajo una presión inédita.

Lo que estamos viviendo es la aceleración de esa fragilidad. Las grandes potencias —sin distinción de régimen político— han aprendido a relacionarse con el sistema de manera instrumental: lo invocan cuando les sirve y cuestionan su legitimidad cuando no. Las sanciones recientes a la Corte Penal Internacional —incluyendo presiones financieras sobre jueces y sus familias— son la expresión más brutal de esa lógica. Pero el descrédito se alimenta también desde dentro, cuando estados de todo tamaño ratifican compromisos que no tienen intención de cumplir, y la comunidad internacional los deja hacerlo sin consecuencias.

Ante ese escenario, la pregunta urgente para América Latina es qué queda en pie. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos —la CIDH y la Corte IDH— es el más activo de los sistemas regionales y uno de los que más ha demostrado valer. Para las víctimas de derechos humanos en países como Nicaragua no es una abstracción: es frecuentemente el último recurso disponible. Pero depende de contribuciones voluntarias, opera en un contexto regional crecientemente hostil al escrutinio externo, y no tiene más respaldo que la voluntad de los Estados que aún creen que vale la pena defenderlo.

¿Están dispuestos a hacerlo de manera sostenida, más allá de los comunicados de apoyo? O seguiremos, también aquí, reproduciendo la misma paradoja.

Por Antonia Urrejola, ex ministra de Relaciones Exteriores