La agenda económica del país parece haber entrado en una suerte de sala de espera. Es esa sensación de vigilia donde el tiempo transcurre, pero las decisiones de mediano plazo se van postergando mientras la mirada se centra en las urgencias inmediatas.

Hoy, el foco está dominado por la evolución de la guerra con Irán, su potencial duración y sus eventuales consecuencias de mediano plazo, y en la volatilidad del precio del petróleo y su impacto en la inflación y el dinamismo de la economía local, fenómenos que, si bien son ineludibles por nuestra condición de economía pequeña y abierta, están monopolizando la atención del debate público. El riesgo es evidente: que el shock transitorio de los combustibles nos lleve a dilatar, una vez más, las reformas estructurales que el país requiere para volver a crecer.

Después de varios años de atender emergencias que sacudieron nuestra economía, a principios de 2026 la hoja de ruta parecía finalmente trazada con una lucidez inusual. El turno de atención estaba claro: el foco debía estar en la “permisología” (ese laberinto burocrático que mantiene en espera la inversión), en la búsqueda de un esquema tributario que equilibrara recaudación con competitividad y en cómo financiarlo por medio de un Estado más eficiente. Sin embargo, el reciente repunte en los costos de la energía ha forzado un viraje táctico, enviando hacia atrás estos temas de fondo en la lista de prioridades legislativas; o al menos así lo parece.

Bajo este prisma, la sala de espera se vuelve una trampa. Mientras nos desgastamos analizando el precio del barril (una variable sobre la cual Chile tiene nula incidencia), descuidamos las palancas internas que sí controlamos. La permisología, por ejemplo, no es solo un exceso de trámites; es un impuesto implícito a la eficiencia. Cada proyecto de inversión que duerme en un escritorio estatal por falta de certeza jurídica es PIB potencial que se nos escapa de las manos.

Lo mismo sucede con el debate tributario. Una reforma que promueva la inversión y otorgue certezas institucionales es una de las vías más eficientes para financiar demandas sociales de forma sostenible (por no decir la mejor). No obstante, la atención política es un recurso escaso; si el Ejecutivo y el Congreso agotan su capital en medidas paliativas para contener el costo de la vida hoy, el espacio para discutir la arquitectura de nuestro sistema impositivo se podría reducir significativamente. La disciplina fiscal no solo consiste en cuadrar el balance estructural; consiste en priorizar las batallas que mueven la aguja del desarrollo, en saber qué temas no pueden seguir esperando.

Bajo esta lógica, el anunciado plan de Reconstrucción Nacional que se estaría afinando para ingresar al Congreso aparece como la pieza clave de este rompecabezas. Su éxito no dependerá solo de la cuantía de los recursos, sino de su capacidad para actuar como un puente: uno que atienda la contingencia y mejore la competitividad. El desafío no solamente es técnico, sino también político, en gestión de expectativas, demostrando que es posible gestionar el presente y al mismo tiempo atender los nudos que frenan el crecimiento potencial.

Los shocks externos eventualmente pasarán, pero las ineficiencias internas permanecerán si no logramos salir de este estado de suspensión. El precio de preocuparnos solo por lo urgente es que Chile termine por acostumbrarse a la comodidad de la inacción. La pregunta no es cuándo nos llamarán para salir de esta sala de espera, sino si, para cuando llegue nuestro turno, todavía tendremos el vigor necesario para poner en marcha el motor productivo que hoy permanece en letargo.

*El autor de la columna es economista jefe de LarrainVial Research