Hoy, 10 de abril, se cumplen tres años de la publicación en el Diario Oficial de la ley Naín-Retamal, ley que buscaba originalmente “defender a Carabineros”, pero que terminó debilitando las garantías de las víctimas de abuso policial y generando un grave problema para el país.

Esta ley introdujo una figura llamada legítima defensa privilegiada. En términos simples, cuando un funcionario policial usa fuerza letal en determinadas circunstancias, la ley presume que actuó correctamente. El problema está en quién queda con la carga de demostrar lo contrario: ya no es el funcionario quien debe justificar su acción, sino el Ministerio Público y la víctima —o su familia, en caso de asesinato— quienes deben probar que el disparo no estuvo justificado. Esto no es un detalle técnico. Es un cambio profundo en la lógica del sistema penal.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como nosotros en Amnistía Internacional advertimos el problema antes de que la ley se aprobara: una redacción imprecisa que privilegia la interpretación subjetiva del propio funcionario involucrado en los hechos. En otras palabras, el policía puede invocar su propia percepción del peligro para justificar el uso de fuerza letal y corresponderá a otros probar lo contrario.

La situación es alarmante. Análisis recientes realizados por nuestro equipo han constatado que los tribunales de justicia, en general, han aceptado la aplicación retroactiva de la legítima defensa privilegiada, como se evidencia en hechos ocurridos durante el estallido social, consagrando la impunidad en la crisis de derechos humanos más importante que haya vivido nuestro país en democracia. Junto a ello, las sentencias analizadas muestran que los tribunales han ido construyendo criterios dispares. Algunos exigen que se acredite una agresión concreta y directa de la víctima antes de aplicar la presunción, mientras que otros han considerado suficiente que existiera un “contexto de violencia” en los alrededores, aunque no provenga de quien resultó herido o muerto. Esta divergencia no es anecdótica: revela que la norma no entrega reglas claras ni uniformes para las y los jueces.

Defender y fortalecer a Carabineros es una necesidad legítima y urgente. La institución arrastra problemas de formación, de carrera funcionaria, de especialización, de legitimidad ciudadana —todavía un 43% de la población declara poca o ninguna confianza en ella. Pero dicha defensa no puede significar blindar a sus funcionarios frente a la rendición de cuentas. Un sistema policial que no responde por sus actos ilegítimos no se fortalece, se deslegitima.

El estándar internacional es claro: ante indicios de que un agente del Estado usó fuerza indebida, como mínimo debe existir una investigación pronta e imparcial. No una presunción de corrección que invierte la carga sobre las víctimas.

La ley Naín-Retamal partió de un diagnóstico real que por cierto compartimos —Carabineros necesita respaldo— pero llegó a una solución equivocada. Y el costo, como siempre, lo están pagando quienes menos poder tienen para defenderse. Incluso la propia institución se ve afectada: contar con un marco legal ambiguo y resultante de un proceso artificialmente acelerado atenta contra su legitimidad. Revisar la Ley Nain-Retamal es urgente, por el bien de Carabineros y de toda la ciudadanía.

Un marco legal claro y sólidamente respaldado junto al fortalecimiento de las instituciones policiales es esencial para lograr avances sustantivos en materia de seguridad. Pero existe otro factor insoslayable: los discursos y prácticas que alimentan la cultura de la violencia. Entre ellos, la normalización del uso excesivo de la fuerza, la estigmatización de comunidades vulnerables, la tolerancia social frente a la violencia de género, la exaltación de figuras vinculadas a discursos de odio y la reproducción de estereotipos que criminalizan la pobreza, entre otros. Es toda una cultura la que debe cambiar si queremos ver avances reales en seguridad, donde la educación, los medios de comunicación y las políticas públicas tienen un rol crucial.

A tres años de la publicación de la ley Nain-Retamal la evidencia demuestra nuevamente que sólo mediante cambios profundos e integrales será posible construir una cultura respetuosa de los derechos humanos, pilar fundamental para un abordaje eficaz de la seguridad.

Por Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile y Viviana Cáceres D., directora de investigación e incidencia de Amnistía Internacional Chile.