En 2025 se han delineado los contornos de un nuevo ciclo político. Más allá de las últimas elecciones que favorecieron a la derecha radical de José Antonio Kast, el año deja señales estructurales que trascienden el calendario de las urnas. Los principales problemas para los chilenos —seguridad, salud y empleo— seguirán siendo los mismos, pero las políticas para abordarlos se desplegarán en un clima institucional y político muy distinto al que enfrentó el gobierno de Gabriel Boric.

Uno de los rasgos más visibles ha sido la intensificación de la crítica a la función pública y a la justicia. El caso de las licencias médicas irregulares va más allá de un episodio de abuso o corrupción administrativa sino que expresa una profunda erosión del ethos del servicio público y daña un componente central de la legitimidad estatal. A la antigua desconfianza hacia la eficacia de la función pública hoy se suma la indignación. Esto se acompaña de una de las crisis más severas del Poder Judicial en décadas. La destitución de jueces de la Corte Suprema refuerza, a ojos ciudadanos, la percepción de una justicia lenta, selectiva y alejada de una cultura de sobriedad, en un contexto de la mayor sensación de inseguridad registrada en el país. Recomponer la confianza exigirá no solo reglas más estrictas, sino un cambio de actitud en funcionarios públicos y del poder judicial, con menos retórica y más hechos que den cuenta de un verdadero golpe de timón.

Desde el punto de vista económico, el año mostró señales mixtas pero razonablemente alentadoras. Se observa una macroeconomía más ordenada y una ventana de oportunidad para el crecimiento si somos capaces de fortalecer la capacidad productiva con una mirada de mediano y largo plazo. Sin embargo, esa posibilidad es frágil. La tentación de desregular indiscriminadamente y bajar impuestos ha demostrado generar crecimientos efímeros, pero no las transformaciones productivas profundas como las que Chile requiere para el anhelado “salto al desarrollo”.

El cierre del ciclo legislativo deja, además, un conjunto de reformas relevantes aprobadas —en pensiones, seguridad, permisología y otras áreas— cuyo principal desafío ya no es normativo, sino de implementación. Ello exige acuerdos amplios, capacidades estatales y un clima político menos polarizado. Sin estas condiciones, incluso reformas bien diseñadas pueden quedar en el papel o producir efectos indeseados. En seguridad, la aprobación de cerca de 70 nuevas leyes ha dotado al Estado de nuevas armas contra el crimen. Pero ya sabemos que un arma mal utilizada puede provocar graves daños. Convertir la seguridad en un campo de disputa político-partidaria no solo es ineficaz, sino irresponsable.

En el plano político más duro, el país entra en una nueva fase de alternancia. No se trata solo de un cambio de signo en el Ejecutivo, sino del ascenso de una derecha más radicalizada en un Congreso altamente fragmentado y beligerante. Este escenario reduce los márgenes de gobernabilidad y eleva la tentación de soluciones rápidas y simbólicas. Así como en el pasado la “retroexcavadora” prometía transformaciones totales, hoy la “motosierra” ofrece recortes y orden inmediato. Ambas comparten un riesgo común: subestimar la complejidad institucional del país y perpetuar alternancias destructivas.

El término e inicio de un nuevo ciclo de gobierno no remite a una crisis terminal como algunos han querido instalar, pero sí a una advertencia clara. Chile enfrenta una fatiga institucional y democrática que no se resolverá ni con épicas refundacionales ni con promesas de orden inmediato. La tarea pendiente es más exigente y requiere reconstruir confianza, fortalecer capacidades públicas y asumir que los problemas estructurales requieren algo cada vez más escaso en la política: acuerdos sostenidos y responsabilidad de largo plazo.

Por Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Fundación Chile21