La polémica por el llamado “oficio 16” del Ministerio de Hacienda ha puesto en el centro del debate la revisión del gasto público. Y es importante decirlo con claridad: evaluar programas, corregirlos e incluso cerrarlos cuando corresponde no solo es legítimo, sino necesario, especialmente en un contexto de restricción fiscal.

El problema no es ese, sino cómo se hizo. Lo ocurrido fue una equivocación comunicacional importante. Un oficio que recomienda “descontinuar” programas, sin suficiente contexto técnico ni coordinación con los sectores involucrados, genera más incertidumbre que claridad.

Y esa incertidumbre tiene costos. Puede debilitar un sistema de evaluación de políticas públicas que ha tomado años construir y que, en términos generales, funciona: mide focalización, eficacia y eficiencia, y permite emitir juicios técnicos. Ahora bien, existen diversas fuentes de información que no necesariamente convergen en las mismas recomendaciones. Por eso es clave explicitar qué antecedentes se utilizan y cómo se ponderan, considerando que la decisión final siempre tendrá un componente político además de técnico.

En ese contexto, resulta problemático que los oficios puedan interpretarse como inconsistentes: programas sin evaluaciones negativas recomendados para cierre, y otros con resultados deficientes que no reciben el mismo tratamiento. Más que una desalineación evidente, esto refleja la falta de claridad en los criterios utilizados.

A esto se suma una confusión relevante. Un programa mal evaluado no implica que la necesidad que aborda desaparezca. El Programa de Alimentación Escolar es ilustrativo: estudios del Centro de Políticas Públicas UC muestran que, pese a su alto impacto y valoración, presenta brechas en calidad, cobertura y eficiencia. Estas apuntan a la necesidad de rediseño —mejorar provisión, focalización y estándares—, pero no justifican su eliminación. Lo que corresponde es reformular, no descontinuar sin más.

Esta discusión no ocurre en el vacío. Se da en un contexto donde mejorar la calidad del gasto es una prioridad ineludible, y donde la agenda de modernización del Estado se vuelve central. Una propuesta reciente elaborada junto al CEP y la CPC plantea medidas concretas en esa dirección, entre ellas la creación de una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, que permitiría evaluar con mayor autonomía y consistencia, evitando problemas como los actuales.

Asimismo, se propone fortalecer el rol de la Dirección de Presupuestos, articulando mejor evaluación, asignación de recursos y seguimiento del gasto, junto con avanzar en el uso integrado de datos para la toma de decisiones.

Finalmente, la agenda pone el foco en la gestión. Muchas veces los problemas no están en el diseño, sino en la implementación. Mejorar procesos puede tener impactos significativos sin necesidad de grandes reformas legales.

El oficio 16 es, entonces, una señal de alerta. No porque la revisión del gasto sea un error —al contrario, es indispensable—, sino porque muestra los riesgos de avanzar sin criterios claros. El desafío es no perder el foco: corregir la equivocación, pero seguir avanzando. Porque Chile necesita un Estado que use mejor sus recursos, y eso requiere fortalecer reglas, instituciones y capacidades de manera consistente en el tiempo.

Por Ignacio Irarrázaval, Centro de Políticas Públicas UC