Política pública para la cohesión social

Por los miembros del Consejo Asesor de Cohesión Social, Marcela Bravo, Sebastián Bowen, Annie Dufey, Sylvia Eyzaguirre, Raimundo Frei, Pablo González, Roberto González, Rodrigo Jordán, Victoria Paz, Andrea Repetto y Eduardo Valenzuela

A fines de diciembre pasado, fuimos invitados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) a analizar el estado de la cohesión social en Chile y a proponer medidas para fortalecerla. Trabajamos en la medida de nuestras capacidades, delimitando un fenómeno que tiene muchas aristas.

Realizamos un diagnóstico usando los indicadores y estudios disponibles previo a octubre de 2019. Concordamos que la cohesión social tiene tres grandes dimensiones y que, en las tres, la sociedad chilena presenta agudos problemas.

A nivel de las relaciones y vínculos cotidianos, existen fundados antecedentes de que el menosprecio y el abuso imperan por razones de clase y género. A nivel de las evaluaciones de las instituciones, ya no solo no confiamos en ellas, sino que también recorre un profundo sentido de injusticia social y de falta de reconocimiento al esfuerzo que las personas realizan para surgir por parte de las lógicas institucionales. A nivel de la orientación al bien común, la participación de la sociedad civil no encuentra eco en las formas de representación política, ni en el modo en que el Estado considera a las personas en el diseño de políticas públicas.

No todo es negativo, sin embargo: los chilenos nos identificamos con nuestro país, ha aumentado el respeto por la diversidad sexual y la migración, y existe un valioso reconocimiento de los pueblos originarios. Estos son pilares positivos de nuestra cohesión social.

La cohesión social tiene determinantes claves como la desigualdad social, la segregación de las ciudades y el diseño del sistema de protección social. En el contexto actual, nuestras 33 recomendaciones son solo el comienzo de una tarea titánica. Ellas apuntan a lograr mayor visibilidad y conocimiento de estos problemas. También a dotar de un foco más amplio la evaluación de las políticas sociales para incluir la cohesión social como un objetivo, con un especial énfasis en la tragedia que envuelve los servicios de cuidado de la infancia en los grupos más vulnerables. Incluye, asimismo, lograr que la cohesión social y sus dimensiones sean consideradas no solo por el MDSF, sino por todas las instituciones públicas. Finalmente, refieren a que empresas y organizaciones de la sociedad civil cuenten con mecanismos para fortalecer la cohesión social en su interior.

No quisiéramos dejar pasar la oportunidad de reafirmar dos urgencias para la política pública. Primero, evaluar el fin de políticas sociales que dañan la cohesión social, especialmente cuando la entrega de prestaciones se entiende como algo arbitrario e injusto. La pregunta de por qué el hijo de mi vecina es “premiado” y mi hija no, no debería existir, no si todos somos parte del mismo grupo social. En este sentido, es importante determinar cuán necesarios son ciertos procesos de focalización, cuando una lógica más universal y gradual pudiese abarcar a toda la ciudadanía. Entre el 40% y el 41% de los hogares no existe un quiebre; se trata de cortes arbitrarios que podrían subsanarse bajo lógicas incrementales según las necesidades de cada hogar. Segundo, es urgente que el diseño de las políticas públicas asegure mecanismos de participación social deliberativa. Otras comisiones han planteado lo mismo; no podemos esperar a más comisiones para que suceda algo. Para lograr ambos, se requiere convicción y depositar más confianza, recursos e instrumentos de modernización en los gobiernos locales.

Ponemos a disposición del gobierno y de la ciudadanía estas recomendaciones para su discusión. En un período en que el país avanza en definiciones que forjarán su futuro, reforzar la cohesión social se hace más urgente que nunca.