Por Gael Yeomans, diputada y presidenta de Convergencia Social; Gabriel Boric, diputado de Convergencia Social; Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social; Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social; Matías Goyenechea, presidente de la fundación Creando Salud y encargado del Frente de Salud de Convergencia Social; Claudia Hasbún Faila, consejera regional de la Región Metropolitana; Nataly Campusano, consejera regional de Valparaíso.

Nos enfrentamos a una situación crítica. Esta semana pasamos los 100 días desde que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el país y ya superamos los 150 mil contagios, tenemos más de 3.300 fallecidos y el 95% de las camas UCI de la Región Metropolitana se encuentran ocupadas. Y, por si fuera poco, nos enteramos del doble registro de fallecimientos del Minsal, en el que se contabilizan más de 5.000 fallecimientos.

Esta realidad nos permite afirmar que la estrategia sanitaria mantenida por el gobierno fracasó y su seguidilla de malas decisiones nos tienen frente a un inminente colapso del sistema sanitario. Chile es el sexto país con mayor cantidad de casos por millón de habitantes (8.754) y está dentro de los primeros 22 con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitante (162), superado por Estados Unidos y Brasil que encabezan la lista.

Con estos datos sobre la mesa, resulta evidente que ni las cuarentenas dinámicas, ni los testeos masivos han dado resultado. El gobierno optó por una estrategia que buscaba lograr inmunidad de rebaño, es decir que la población se infectara, confiando en que se produciría inmunidad y que en las unidades de pacientes críticos (UPC) se derrotaría el virus, pero esto implicó que no se buscara como elemento central el aplanar la curva.

Al mismo tiempo, la pérdida en la trazabilidad de los casos, que se remonta al mes de abril, junto al retraso en la entrega de los resultados de los exámenes PCR, nos mantienen aún sin la capacidad de poder aislar de forma efectiva a las personas covid activas.

Si a esto le sumamos la tasa de movilidad que presentan las comunas más afectadas por el virus, podemos observar que estamos muy lejos de poder controlar la situación. De acuerdo con las cifras entregadas esta semana por la submesa de datos, que asesora al Ministerio de Ciencias, el traslado al interior de los territorios bajo confinamiento sigue siendo altísima.

Si miramos con detención, podemos ver que comunas como Antofagasta, Valparaíso, La Granja o Cerro Navia –que se encuentran por sobre el promedio de prevalencia nacional– presentan una movilidad que supera el 67%.

Esta situación se explica en gran medida porque en las comunas populares las familias no cuentan con las condiciones materiales para llevar un confinamiento efectivo, viéndose obligadas a salir de sus casas para trabajar. Escenario que nos hace sentido de acuerdo con la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas que fijó en 800 mil los trabajadores y trabajadoras desempleados, a los que hay que sumarle otros 600 mil que mantienen sus contratos suspendidos.

Lo cierto es que el gobierno y el exministro Mañalich desde hace tiempo contaban con estos antecedentes, pero no tomaron las decisiones correctas para evitar este escenario. Según la información que ha circulado por la prensa, el Ejecutivo recibió cinco alertas entre el 30 de abril y el 12 de mayo por parte de la submesa de datos que trabaja en conjunto con el Ministerio de Ciencias y que agrupa a diferentes académicos que se encuentran monitoreando la situación a nivel país.

En estos informes, la comunidad científica le solicitó al gobierno la implementación de una cuarentena total en las comunas pertenecientes al Gran Santiago, medida que el presidente adoptó recién después de 13 días de haber recibido la primera alerta.

Lo grave es que antes de tomar esta decisión, el Ejecutivo había puesto en marcha su plan de retorno seguro, pese a las advertencias que le hicieron los académicos de no relajar las medidas de confinamiento. Un error que nos está costando caro, ya que los estudios posteriores han demostrado que durante esas semanas la movilidad aumentó y los casos se dispararon, esparciendo el virus de la zona oriente de Santiago hacia el resto de la ciudad.

Este panorama se agudiza al revelarse los dos registros paralelos que mantiene el Minsal para informar de los fallecidos en Chile, uno que incluye a las personas con PCR positivo y otro que sigue el criterio establecido por la OMS que incorpora las muertes sospechosas por coronavirus.

Tomando en cuenta estos antecedentes y la voz de la comunidad científica podemos decir que el gobierno ha fijado el rumbo de forma absolutamente unilateral, desoyendo las recomendaciones de los expertos, como también del mundo social y político. Cuestión que debemos enmendar tomando en cuenta las iniciativas que ha promovido el Colegio Médico para retomar el control de la pandemia.

Por todo lo anterior, y para evitar la pérdida de miles de vidas más a lo largo y ancho del país, le solicitamos al Ejecutivo que dé un giro en la estrategia sanitaria, más allá del cambio cosmético de ministro, y genere verdaderas condiciones sociales y económicas que nos permitan desarrollar cuarentenas efectivas.

Para cumplir con este objetivo, insistimos en la necesidad de transparentar los datos; aprobar una Renta Básica de Emergencia por sobre la línea de la pobreza que les permita a las familias quedarse en sus casas junto con la extensión del posnatal de emergencia; la suspensión en el cobro de los servicios básicos durante la pandemia; cuarentenas totales para las regiones con altas tasas de contagio y garantías laborales para quienes presenten licencias médicas. Todas medidas que nos permitirán evitar profundizar la crisis sanitaria y que cuentan con el absoluto respaldo de la ciudadanía que hoy vive con angustia el avance de la crisis.