La política exterior chilena ha demostrado continuidad, apertura y apego al derecho internacional. No obstante, el escenario actual exige repensar las bases sobre las cuales se formula nuestra acción. Persistir en enfoques centrados en el corto plazo o en lógicas heredadas de contextos superados limita nuestra capacidad de incidencia y añade vulnerabilidad a nuestra economía.

La ausencia de previsión estratégica se evidenció, por ejemplo, en la falta de lectura sobre el impacto que tendría la llegada de Donald Trump al poder. Su política proteccionista alteró el equilibrio del comercio internacional y afectó directamente a países abiertos como el nuestro, sin que existiera un plan de contingencia robusto. Pero más allá del comercio, su Presidencia reintrodujo una geopolítica cruda donde el territorio —y su control— vuelve a ser campo de disputa entre potencias. En este nuevo contexto, Chile aún no actualiza una estrategia nacional que reconozca el valor geoeconómico y geopolítico de su condición única: país antártico, marítimo, interoceánico y puerta hacia recursos críticos como el litio y el cobre.

La prospectiva estratégica surge como una herramienta fundamental. Lejos de ser una técnica especulativa, es una metodología rigurosa para explorar escenarios futuros deseables y orientar la toma de decisiones en el presente. Su propósito es reducir incertidumbres, cuestionar supuestos dominantes, identificar puntos ciegos y generar capacidades prospectivas dentro del aparato estatal.

Chile enfrenta desafíos cuya complejidad trasciende las respuestas convencionales: crimen organizado transnacional, vulnerabilidad ambiental, acelerado envejecimiento poblacional y la revalorización de nuestra singular geografía en un mundo en disputa. La respuesta a estos fenómenos requiere una arquitectura institucional que integre la previsión en la formulación de políticas exteriores, con horizontes de largo plazo y participación de actores diversos.

Países como Canadá, Australia o Finlandia han institucionalizado capacidades de previsión en sus cancillerías, parlamentos y consejos de seguridad. En Chile, en cambio, la capacidad anticipatoria depende de esfuerzos fragmentarios o personales, sin que exista un marco metodológico común ni una formación sistemática.

Incorporar procesos de previsión no implica abandonar nuestra tradición diplomática, sino fortalecerla mediante mayor racionalidad y capacidad adaptativa. También permite discutir escenarios sensibles —como la pérdida de control territorial o los impactos estratégicos del envejecimiento— en espacios protegidos institucionalmente. Este tipo de deliberación es indispensable para prevenir errores y orientar con eficacia los recursos del Estado.

En síntesis, si Chile aspira a proyectarse en el orden internacional del siglo XXI, debe dotarse de una política exterior con visión estratégica, apoyada en capacidades anticipatorias sólidas. Pensar a largo plazo no es un lujo académico: es una condición para ejercer soberanía en un mundo cada vez más incierto.

Por Teodoro Ribera, rector de la Universidad Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores