Este espacio se ha convertido, por necesidad, en una defensa del derecho internacional como principio rector de nuestra política exterior.

Conviene partir por una aclaración esencial: el cumplimiento de las obligaciones internacionales por todos los Estados no es un imperativo moral. Es una condición indispensable para proteger y avanzar nuestros intereses nacionales. La defensa de nuestra integridad territorial, independencia política, intereses comerciales y derechos fundamentales de los chilenos dependen del respeto al derecho internacional. Por eso es tan importante que la reacción sea unánime cuando un Estado vulnera las normas.

Existe un primer grupo de opositores dispuestos a desechar el derecho internacional de plano, como si no comprendieran que su vida cotidiana —desde el celular que utilizan hasta el auto que conducen— es posible gracias a él. Nuestra economía y seguridad nacional descansan sobre la existencia de reglas comunes.

Existe, sin embargo, un segundo grupo más sofisticado. Está compuesto por quienes entienden la importancia del derecho internacional, pero están dispuestos a hacer la vista gorda frente a la violación de ciertas normas cuando las demás alternativas se agotaron, el adversario vulneró las reglas primero, y el fin perseguido es legítimo. Para ellos, el uso de la fuerza militar para deponer a un dictador, aunque técnicamente ilegal, podría justificarse como una represalia por la frustración acumulada y la nobleza del objetivo.

Este debate no es nuevo: el propio Kofi Annan lo planteó durante el bombardeo aéreo de la OTAN en Kosovo. Pero este argumento tiene problemas serios. La definición de lo que constituye un “fin legítimo” es una decisión política, arbitraria e impredecible. En la práctica, equivale a un cheque en blanco para intervenir militarmente, amenazando la soberanía de otros Estados. Si cada Estado crea unilateralmente excepciones, las reglas se erosionan hasta desaparecer.

Prefiero una tercera vía: pensar y proponer cómo el derecho internacional debe evolucionar para hacerse cargo de sus vacíos. Hoy, el uso de la fuerza militar sólo está autorizado en legítima defensa frente a un ataque armado o con autorización del Consejo de Seguridad. La arquitectura de 1945 dejó escaso espacio para responder al drama de poblaciones oprimidas. Por eso, en 2005 se adoptó la doctrina de la Responsabilidad de Proteger frente a crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio, pero siempre manteniendo la autorización militar en el Consejo de Seguridad.

Quizás hoy sea necesario abrir el debate sobre las condiciones para usar la fuerza. Pero ello no significa ignorar las normas vigentes. La tarea es reflexionar sobre los vacíos que deja la aplicación de las normas y proponer responsablemente un camino que evite la inacción.

Para un país como Chile, la prioridad debe ser clara: defender el cumplimiento de las normas. No podemos relativizar el derecho internacional. El sistema funciona —y sólo puede funcionar— sobre reglas objetivas, conocidas y respetadas.

Por Benjamín Salas, abogado y colaborador asociado de Horizontal