Por M. Cecilia Cifuentes, directora del ESE Business School

El programa de gobierno de Gabriel Boric es el más ambicioso del último medio siglo en términos de gasto público, lo que por supuesto requiere aumentar la recaudación de impuestos. Se plantea entonces una reforma tributaria que recaudaría cinco puntos del PIB en los cuatro años de gobierno, para llegar a ocho puntos en el mediano plazo. Es de esperar que exista conciencia en el nuevo gobierno de que esos mayores impuestos podrían ir en contra del que se supone es el objetivo central del nuevo gobierno: una sociedad más igualitaria y que permita mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Y no necesitamos analizar experiencias foráneas para decir esto, basta mirar nuestra historia reciente. Recordemos que el segundo gobierno de Bachelet tenía un diagnóstico similar, por lo que planteó una reforma tributaria que buscaba recaudar tres puntos del PIB para “comprar paz social”, con la idea de que dicha paz social es una condición necesaria para el desarrollo. Eso es cierto, ¿pero son los impuestos la manera de comprarla? No necesariamente, y de hecho esa reforma no solo recaudó la mitad de lo esperado, sino que tampoco logró mayor equidad y paz social. Tuvimos como resultado un deterioro fiscal, y de pasada se dañó el crecimiento, vía principal para resolver las demandas sociales. Repetir esa experiencia parece una mala idea, sobre todo porque el punto de partida actual es más complejo que el de 2014; la situación fiscal es más precaria y el crecimiento tendencial ni siquiera llega a 2%.

Por supuesto, no se trata de que no se puedan subir los impuestos, pero debe hacerse cuidando el ahorro y la inversión, que llevan una década de deterioro. No parece buena idea entonces que en la reforma tributaria prime el criterio redistributivo, a través de una nueva alza de los impuestos al capital, porque dañaría aún más el potencial de crecimiento. Tampoco se lograría el buscado objetivo de equidad, ya que sabemos que los impuestos al capital los termina pagando principalmente el trabajo. Algunos han sugerido que las empresas paguen impuestos en función del grado de poder de mercado que tienen, de tal forma que las grandes empresas oligopólicas paguen tasas superiores. Otra muy mala idea, ya que si una empresa tiene poder de mercado, esos mayores impuestos serían pagados por los consumidores, a través de mayores precios de los bienes y servicios. Existe bastante evidencia de que la política tributaria es un instrumento muy deficiente para redistribuir ingresos, y de hecho, los países de la OCDE que mejoran su índice Gini a través de la acción del Estado, lo logran por medio de su política de gasto y transferencias, y no a través de los impuestos.

Entonces, si efectivamente el objetivo es mayor equidad y bienestar de la población, la reforma tributaria debe buscar recaudar con el menor impacto posible en el ahorro y la inversión. Reducir espacios de elusión y evasión, eliminar exenciones distorsionadoras y simplificar nuestro engorroso sistema parecen ingredientes necesarios del pacto tributario que se busca alcanzar. Pero más importante aún es la forma en que se gasten esos recursos, considerando que, a diferencia de los países desarrollados, nuestro índice Gini no mejora después del gasto social y las transferencias.

En resumen, un pacto tributario verdaderamente justo no solo debe incorporar un mayor aporte tributario de los ciudadanos, sino también un compromiso efectivo del Estado de gastar en forma eficiente y equitativa los cuantiosos recursos que le entregamos.