No ha terminado siquiera la primera mitad del año y ya parece que hemos vivido una década en materia de escándalos. Corrupción en municipios, investigaciones por tráfico de influencias en el Poder Judicial, parlamentarios desaforados, funcionarios públicos vacacionando con licencias médicas fraudulentas, fundaciones defraudando al Fisco y filtraciones que revelan cómo se negocia el poder entre bambalinas. Todo eso en apenas seis meses. ¿Qué más podría pasar?

Más que una seguidilla de hechos aislados, lo que enfrentamos es un deterioro institucional profundo, donde las reglas se burlan, los controles fallan y lo ético parece haberse vuelto opcional. Cada caso expone las debilidades del sistema y una preocupante tolerancia a la deshonestidad. Porque no se trata solo de errores técnicos, sino de decisiones deliberadas de personas con nombre y apellido que decidieron burlar el sistema. Y también se trata de quienes, teniendo el deber de prevenir, no lo hicieron.

Pero vamos por parte.

Las esquirlas del caso Audio/Factop no se han detenido desde que se destapó el escándalo y seguimos conociendo hechos que siguen impactando a la opinión pública. Uno de ellos se relaciona con los vínculos del abogado Luis Hermosilla y actuales miembros del Poder Judicial. Lo que en un comienzo parecía ser solo un caso que involucraba el uso de facturas ideológicamente falsas, ha terminado por poner en entredicho la probidad e independencia de jueces en ejercicio, profundizando una herida abierta en la confianza. Porque lo que está en juego no es solo la conducta de una persona, sino la credibilidad de una de las instituciones fundamentales de cualquier democracia: la justicia.

Y mientras este caso sigue generando titulares, surgen nuevos hechos que confirman que enfrentamos un escenario de faltas a la probidad más común, profundo y estructural del que quisiéramos.

Hace poco, con el levantamiento del secreto de la investigación, se revelaron los detalles del Caso ProCultura, una de las aristas del Caso Convenios que terminó siendo la más significativa. La sorpresa fue mayúscula al conocerse los mecanismos que habría utilizado por la fundación para defraudar al Estado y multiplicar por diez sus ingresos en un año. Hoy, la ONG enfrenta cargos por fraude al Fisco, lavado de dinero, apropiación indebida, asociación ilícita, tráfico de influencias e incluso un posible financiamiento irregular de campañas políticas. Un catálogo completo de delitos con el dinero de todos.

Y cuando ese caso aún acaparaba portadas, la Contraloría soltó una nueva bomba: más de 25 mil funcionarios públicos habrían salido del país mientras estaban con licencia médica. Una vez más, quedaba al descubierto cómo algunos, sin pudor ni escrúpulos, usaban los recursos de todos los chilenos para vacacionar. Con los días, fuimos dimensionando la magnitud del escándalo: sumarios, renuncias, auditorías, médicos cuestionados y una ciudadanía cada vez más hastiada, donde incluso funcionarios del Ministerio Público habrían abusado de esta práctica. El caso salpicó también al Congreso, luego de conocerse que algunos parlamentarios salieron de Chile durante semanas distritales, lo que, si bien no viola el reglamento, es un golpe a la credibilidad. ¿Qué autoridad puede exigir ética al resto si no la practica?

Más recientemente, un nuevo informe de Contraloría detectó irregularidades en el uso de $1,5 billones en fondos públicos, tras analizar 792 auditorías entre 2024 y 2025, destacando incumplimientos contables, fallas en contratos, rendiciones deficientes y mal uso de fondos. Las observaciones más graves se concentraron en gobernaciones regionales, Carabineros y delegaciones presidenciales, con más de $300 mil millones objetados solo en las gobernaciones.

En paralelo, y como si se tratara de una rutina institucionalizada, continúan apareciendo nuevos casos de corrupción en municipios. Lo que alguna vez fue una excepción hoy se percibe casi como parte del paisaje político.

A estos casos se suman las investigaciones al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por violación y uso indebido de gastos reservados; de tráfico de influencias a la diputada Karol Cariola; de uso irregular de fondos públicos por parte del gobernador metropolitano Claudio Orrego, entre otros.

En este contexto, destaca la firmeza con que la contralora Dorothy Pérez ha ejercido su rol, fiscalizando sin distinción de cargo ni color político. Todo indica que seguirán saliendo casos a la luz, lo que demuestra que donde hay control real, la opacidad cede. Porque cuando casi no hay riesgo de ser descubierto, la corrupción se vuelve demasiado rentable.

Otra señal positiva es la apertura de cientos de sumarios y la salida de funcionarios que abusaron de licencias médicas, porque es clave que haya consecuencias cuando se traiciona la confianza ciudadana.

Seis meses, muchos desafíos. Pero también una oportunidad para aprender y corregir el rumbo. Exigir más transparencia y fortalecer la fiscalización es esencial, pero también lo es renovar la confianza en nuestras instituciones para salir del espiral de desconfianza en que estamos atrapados. Este puede ser un punto de inflexión si asumimos con convicción que construir una democracia más íntegra se construye entre todos. Como suelo decir: cada uno tiene un rol que aportar, y este es el momento de hacerlo.