Luego de un largo período de elecciones presidenciales, debates y propuestas, llega una nueva administración a hacerse cargo de los desafíos que enfrenta el sistema educativo. Volver a poner el foco en los aprendizajes, mejorar la asistencia, fortalecer la educación parvularia, abordar las brechas de financiamiento y reducir la excesiva regulación son, al menos, algunos de ellos.

Datos recientes permiten dimensionar la magnitud de esta tarea. Los resultados del SIMCE 2025 entregan algunas luces preocupantes: uno de cada dos niños en cuarto básico no alcanza estándares adecuados en lectura, ubicándose en nivel insuficiente. Esta cifra asciende a cuatro de cada cinco estudiantes en octavo básico y segundo medio. En matemática, la brecha en cuarto básico se amplió después de la pandemia y, en octavo básico, aparece una diferencia que no estaba presente en la medición previa. Estos y otros datos revelan que, si bien hubo mejoras en los puntajes a nivel general, resulta urgente volver a poner el foco en los aprendizajes, dada la gran cantidad de estudiantes que, en todos los niveles y en todas pruebas, no alcanzan estándares adecuados.

La asistencia y la deserción también representan un desafío relevante. Al observar los datos, se advierte que la asistencia promedio disminuyó en 2025 de 86,5% a 85,9%, mientras que la inasistencia grave se mantuvo en niveles similares a los registrados en 2024, con 747.934 estudiantes en esta situación, 147.605 de los cuales perdieron la mitad del año escolar. Se trata de una situación crítica que requiere medidas urgentes y efectivas para revertirla.

Otro ámbito que demandará atención es la educación parvularia. Si bien se trata del nivel educativo con mayor rentabilidad social, continúa enfrentando desafíos importantes, especialmente luego del paso de un gobierno que, a pesar de la evidencia, no la priorizó. Según datos del Censo 2024, un 48% de los niños en edad de asistir no lo hace, lo que pone de manifiesto una situación que, sin duda, requiere ser abordada. A ello se suma que, con la ley que moderniza la oferta en educación parvularia, se pospuso hasta 2034 la exigencia de reconocimiento oficial para recibir recursos del Estado. Actualmente, menos del 50% de los jardines cuenta con este reconocimiento, y esta modificación solo profundiza una lentitud peligrosa que amenaza la calidad del sistema.

Por otra parte, la educación pública continuará enfrentando un proceso complejo, marcado por los traspasos desde los municipios hacia los nuevos Servicios Locales de Educación. A este escenario se suma que, a fines de enero, el Congreso despachó al Ejecutivo las modificaciones a la ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública. Una vez publicada la ley, estos cambios deberán ser monitoreados y evaluados adecuadamente, con el objeto de medir su impacto y efectividad. Nuevamente, será clave no perder el foco en los aprendizajes.

A lo anterior se agregan desafíos relevantes en materia de financiamiento. Un estudio de Acción Educar, que analizó los ingresos por estudiante de los establecimientos educacionales, reveló una caída sostenida en las fuentes de recursos privados y fiscales para los establecimientos particulares subvencionados. Esta caída generó una brecha de 25,1% en los ingresos respecto de los establecimientos municipales y de 38,1% en el caso de los servicios locales, ambas en desmedro de la educación particular subvencionada. Esta situación resulta difícil de conciliar con el hecho de que un 56,3% de estos establecimientos se encuentran sobre demandados, algo que solo ocurre en el 19,2% de los establecimientos públicos. Además, siete de cada diez primeras preferencias en el Sistema de Admisión Escolar 2025 se dirigieron a establecimientos particulares subvencionados.

A pesar de estos datos, la educación particular subvencionada continúa contando con menores recursos, enfrentando mayores exigencias y una gran carga burocrática. El desafío será reducir el exceso de normativa, simplificar procesos y permitir a los establecimientos liderar su proyecto educativo. Solo así será posible que el sistema vuelva a poner el foco en la calidad, se respeten las preferencias de las familias y se recupere la confianza en el trabajo que desarrollan las comunidades educativas.

Por Constanza Lara, directora legal, Acción Educar