La licitación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa fue declarada desierta por segunda vez y esto no es solo un traspié administrativo. Es, probablemente, el primer test de realidad financiera de una de las reformas más emblemáticas derivadas de la ley corta de isapres.

Y el resultado fue categórico: el mercado asegurador no consideró viable el modelo propuesto. La pregunta relevante ahora no es únicamente por qué fracasó el proceso, sino algo más profundo: ¿puede existir en el país una Modalidad de Cobertura Complementaria verdaderamente sustentable? Y, más importante aún, ¿vale la pena insistir en ella?

La respuesta requiere salir de la lógica binaria entre defensores y detractores del sistema privado. Porque los seguros de salud no funcionan sobre consignas; operan sobre diseño de riesgo, incentivos y capacidad de gestión.

La MCC nació con un objetivo políticamente atractivo: permitir que afiliados de Fonasa accedan a una red privada con menores copagos, mediante un seguro complementario licitado. En teoría, parece una fórmula razonable para ampliar protección financiera y descongestionar el sistema público.

Sin embargo, desde el inicio aparecieron problemas estructurales. El primero fue actuarial. Ningún seguro puede sostenerse si existe alta probabilidad de selección adversa, es decir, que ingresen preferentemente personas de mayor riesgo y gasto esperado. Si la población joven y sana no encuentra incentivos para entrar, el sistema rápidamente se desequilibra.

El segundo problema fue la incertidumbre financiera. Las aseguradoras enfrentaban dificultades para proyectar costos reales, utilización esperada, comportamiento de la demanda y capacidad de control del gasto.

El tercero fue la red prestadora. Una Modalidad de Cobertura Complementaria requiere una red de centros de salud y de profesionales privada robusta, amplia, integrada y con mecanismos modernos de pago. No basta con “abrir acceso” a clínicas. Se necesita gestión, protocolos, trazabilidad y compras inteligentes.

Y quizás el elemento más complejo fue el político-técnico: se intentó construir una lógica de seguro sin definir claramente cuál sería el modelo sanitario detrás.

Si Chile quiere realmente construir un seguro complementario para Fonasa sostenible, se deben implementar cinco ejes.

En primer lugar, debe haber una base amplia de afiliación, con suficientes personas jóvenes y sanas para equilibrar riesgo. Como segundo punto, se deben implementar subsidios explícitos y transparentes para grupos de mayor vulnerabilidad, evitando que el sistema dependa exclusivamente de primas planas políticamente definidas. Tercero, debe haber integración efectiva entre Fonasa y prestadores privados, con mecanismos de compra estratégica, pagos por resultados y control de sobreutilización.

Cuarto, gobernanza técnica autónoma, separada de los ciclos políticos y electorales. Y en quinto lugar -algo muchas veces olvidado-, fortalecer simultáneamente la red pública. Porque ningún seguro complementario reemplaza un sistema hospitalario eficiente, oportuno y financieramente sostenible.

La experiencia internacional muestra que los seguros complementarios pueden funcionar cuando forman parte de arquitecturas sanitarias coherentes. En países exitosos, este tipo de seguros no sustituye al sistema público ni opera como un “parche”; complementa una red ya organizada.

Por eso, la discusión de fondo no es simplemente si la MCC debe continuar o abandonarse. La verdadera discusión es si Chile quiere avanzar hacia un sistema moderno de multiseguros regulados, con coexistencia público-privada bien diseñada, o si seguirá intentando soluciones intermedias que terminan tensionadas entre expectativas políticas y restricciones técnicas.

Abandonar completamente la idea de integración público-privada también sería un error, especialmente, en un país con listas de espera crecientes, presión hospitalaria sostenida y capacidad privada subutilizada en algunas áreas.

La lección de esta licitación desierta es clara: en salud, la viabilidad técnica importa tanto como la voluntad política.

Por Luis Castillo, director Instituto Libertad, Ex subsecretario de Redes Asistenciales