Un Estado benefactor para Chile



El Estado Benefactor (o de bienestar) puede definirse como el paso de una seguridad social solo para algunos, a un amplio sistema seguridad social para todos los ciudadanos. Los derechos sociales, es decir, las pensiones, la salud, el empleo, la vivienda, junto a servicios sociales, como el derecho a la educación, la cultura y otros aplicados al conjunto de los ciudadanos, definen hoy en día la política de bienestar social garantizado como sello de identidad de las democracias europeas más avanzadas. Son también materias económicas, sociales y culturales consideradas como derechos humanos.

La noción de Estado benefactor tiene su origen a partir del año 1945 y corresponde al término inglés “Welfare State”, cuyo uso quedó acuñado a partir de ese año con una expresión original de William Temple, entonces Arzobispo de Canterbury, en la que contraponía las políticas keynesianas de la posguerra, al Estado de guerra nacido en Alemania como consecuencia de la experiencia traumática de la crisis generalizada producto de la Gran Depresión de 1929-1933. Se considera que la depresión culminó en la Segunda Guerra Mundial, la cual trajo desempleo y miseria a millones, factores que fueron fundamentales en el cambio hacia un Estado benefactor en muchos países europeos. Después de la guerra, éste fue visto como un camino intermedio entre los extremos del comunismo de izquierda y el “laissez-faire” del capitalismo de la derecha.

Así fue surgiendo un pacto social en el que se estableció un reparto más equitativo de los beneficios y de la riqueza entre toda la población, con el objetivo de evitar el malestar social que llevó a las sociedades europeas a la Segunda Guerra Mundial. La expresión económica primaria del Estado benefactor fue el pacto keynesiano, que durante la postguerra procuró un desarrollo económico equilibrado socialmente, así como de pleno empleo. Este sistema se fue estableciendo con diversos grados de acogida y dinámica, en la mayoría de las naciones de Europa Occidental durante el período 1950-1960.

El Estado benefactor, a pesar de las duras críticas del liberalismo más conservador (Friederich Hayek, entre otros), continuó su marcha exitosa en Europa y otras regiones desarrolladas del planeta. En Chile, por otra parte, se realizaron diversos intentos de implementar algunos conceptos relacionados con el bienestar social de la población, de manera reactiva/tardía y con múltiples “parches” que buscaban solucionar problemas coyunturales específicos, pero no con una visión todo abarcadora y amplia. De este modo, se fue consolidando lo que se podría denominar como un “estado de malestar” -el cual nos ha mantenido varios años con inquietudes, agitaciones y revueltas-, que será necesario abordar con cambios políticos y sociales muy profundos.

Ahora bien, partiendo desde el universalismo moral kantiano, se pueden combinar y unir conceptos provenientes de la democracia liberal, la economía de mercado y el Estado benefactor distributivo, para construir una sólida visión política de justicia social en Chile. No se trata de llegar a una sociedad donde los ingresos se distribuyan solo en base a conceptos vagos como mérito y esfuerzo, lo cual siempre trae innumerables problemas prácticos, sino, por el contrario, a través de la idea del merecimiento moral, evitar que algunos “privilegiados” puedan aducir que su situación se justifica moralmente. Nadie merece moralmente y de manera exclusiva las ventajas o desventajas que le hayan tocado tener por ventura de las circunstancias, ya sea por una inteligencia prodigiosa o una discapacidad física, hasta una habilidad deportiva o artística innata. Esto se contrapone al planteamiento conservador de Hayek en que todo debe ser dejado como está, dado que es un resultado inapelable de la espontaneidad histórica. La filosofía central propuesta acá es construir un orden de justicia social que beneficie a los más frágiles o desposeídos con garantías vitales (o esenciales), sin por ello atentar contra las libertades individuales ni mucho menos convertir al sistema político en una especie de igualitarismo totalitario (tipo comunista).

Para esto, Chile deberá abocarse en los tiempos que vienen a estudiar un sistema que revitalice la filosofía política que nos ha guiado durante los últimos 40 años. La concepción de una sociedad liberal y democrática, regida por una economía de mercado, pero a su vez diseñada desde su estructura básica para beneficiar a los menos aventajados, con un régimen redistributivo del ingreso apoyado en principios de justicia moral (determinado por la propia ciudadanía de manera libre y soberana), se constituye en una respuesta sólida al conservadurismo de una parte de la derecha, y un atractivo nada despreciable para la izquierda no marxista.

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