Reconocer la maternidad digna y en igualdad de condiciones para mujeres con discapacidad es un derecho fundamental. Este tema, muchas veces invisibilizado, interpela directamente a nuestro compromiso con los derechos humanos y la no discriminación. Hoy junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia avanzamos en el reconocimiento de ese derecho, que es fundamental para crear un futuro más justo e inclusivo para la sociedad chilena.

En Chile las personas con discapacidad continúan enfrentando obstáculos persistentes que limitan el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las personas con discapacidad aún enfrentan desigualdades sanitarias debido a factores como la estigmatización, la discriminación y la falta de accesibilidad en los servicios de salud. Las barreras no son solamente físicas. Si bien la falta de infraestructura accesible continúa siendo una preocupación urgente, los mayores desafíos son, en muchos casos, invisibles. Los estigmas, los prejuicios y la discriminación sistemática relegan a las personas con discapacidad y especialmente a las mujeres con discapacidad a los márgenes de la participación social, política y económica. Esta exclusión estructural afecta el derecho a una maternidad digna de las mujeres con discapacidad y contraviene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en 2008. En 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instó a Chile a mejorar la información accesible sobre salud sexual y reproductiva, recomendando servicios inclusivos con intérpretes de lengua de señas, formatos accesibles y equipamiento adecuado.

Un paso clave en esta dirección es la entrega del Modelo de Protocolo para la Maternidad de Mujeres con Discapacidad por parte de ONU Chile al Ministerio de Salud, además de seis mil afiches y librillos para ser repartidos en los servicios de salud del país. Este instrumento fue elaborado por la ex Enviada Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas, junto a la oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en consulta con organizaciones de mujeres con discapacidad. Este avance no es sólo un acto simbólico, sino una acción que impactará la vida de muchas mujeres, asegurando que ninguna sea excluida de recibir atención integral durante su maternidad. Los ajustes razonables que propone el protocolo tienen un propósito claro: asegurar el acceso a servicios de salud adecuados y el ejercicio derechos sexuales y reproductivos en condiciones de igualdad.

Chile reafirma así su compromiso con los derechos humanos, alineándose con acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Pacto para el Futuro, adoptado recientemente por los Estados Miembros de Naciones Unidas, que reconoce la necesidad de corregir las injusticias que afectan a las personas con discapacidad, pensando no sólo en el presente, sino también en las generaciones futuras. Como destacó el secretario general de la ONU en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad: “debemos reconocer el rol de las personas con discapacidad como protagonistas del cambio, y garantizar su participación en las decisiones que afectan sus vidas”.

Promover una sociedad inclusiva no es una concesión, sino una obligación ética y legal. Significa adoptar un enfoque de derechos humanos, fomentar el diálogo intercultural y garantizar que nadie se quede atrás. Esto exige transformar nuestras instituciones, nuestras ciudades y nuestras actitudes. Significa también revisar nuestras palabras: comunicarnos de forma inclusiva, respetuosa y centrada en la persona. Desde ONU Chile, seguiremos trabajando no solo para las personas con discapacidad, sino con ellas. La maternidad digna para todas las mujeres, sin excepción, es un reflejo de nuestro compromiso con la justicia, la igualdad y el futuro que queremos construir.

Por María José Torres, Coordinadora Residente ONU Chile; Xavier Mena, representante adjunto ACNUDH; Giovanni Escalante, representante OPS/OMS