En las últimas semanas, la falta de rigurosidad metodológica e incluso de honestidad intelectual ha llegado a niveles preocupantes en el debate sobre la evolución del mercado laboral, la creación de empleos y la informalidad. Cuando el empleo formal y asalariado ha crecido significativamente en el último año, algunos economistas (incluso de renombre) se han propuesto instalar, con una lectura sesgada, que como consecuencia de los avances en derechos de los trabajadores se habrían creado solo 141 puestos de trabajo en total.

A sabiendas de que la reforma de pensiones, la reducción de jornada a 40 horas, el alza del salario mínimo a $500.000, entre otras medidas, influyen casi exclusivamente sobre los trabajadores asalariados formales del sector privado, estos comentaristas económicos se empecinan en decir que estos avances explican la reducción de trabajadores por cuenta propia, asalariados públicos y trabajadores en la informalidad. Lo que muestran los datos es muy claro: hubo un crecimiento interanual de más de 146 mil asalariados formales, una variación muy grande, que incluso supera a las dinámicas vistas en 2018-2019, por hablar de años prepandemia. Cuando se omite esto de parte de académicos, no se tiene mayor alternativa que pensar que hay otras agendas en juego.

Pero el pináculo de la falta de rigurosidad se alcanzó cuando vimos que apareció una nueva estimación de la informalidad laboral, que la posicionaba en un 38%. Una estimación opaca y desajustada de cualquier estándar estadístico serio, donde mezcla cifras provenientes de la encuesta de empleo (INE) con un registro administrativo (Superintendencia de Pensiones), sin reparar incluso en problemas matemáticos severos.

Que quede claro: desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social no rechazamos innovar con nuevos indicadores que enriquezcan el debate público, cuestión que más bien incentivamos y desarrollamos permanentemente. El problema surge cuando esta innovación se realiza alejada de cualquier estándar, con una opacidad metodológica solo superada por la poca claridad de los intereses que la motivan. Y así se va instalando que vivimos una “catástrofe laboral” que no se condice con la realidad, pero que (¡peor!) en nada ayuda a las políticas de empleo del país.

Seamos claros, la medición oficial de la Tasa de Ocupación Informal, según la Encuesta Nacional de Empleo del INE ha alcanzado el 26,0% en los últimos meses, permitiéndonos observar mejoras persistentes en los últimos años y compararnos con otros países de Latinoamérica y la OCDE, gracias a una metodología estandarizada y conocida a nivel global. Contrario a este estándar, se ha querido reducir la informalidad laboral exclusivamente a la ausencia del pago de cotizaciones, equiparando conjuntos con diferentes categorías ocupacionales: mientras los ocupados del INE abarcan empleadores, cuenta propia, asalariados privados, asalariados públicos, familiares no remunerados y trabajadoras de casa particular, el registro de la Superintendencia de Pensiones solo considera trabajadores cuyos empleadores les hayan cotizado en el mes de referencia.

Así, aparece una serie de preguntas metodológicas básicas que quedan sin respuesta y cuestionan la robustez del instrumento, ¿el indicador administrativo involucra a los trabajadores independientes formales que cotizan con rezago de un año, luego de hacer la operación renta?, ¿el registro considera a las personas jubiladas que ya no están obligadas a cotizar?, ¿en qué situación quedan los trabajadores con cotizaciones declaradas, pero no pagadas por sus empleadores? Estas interrogantes no tienen respuesta en la estimación propuesta, lo que sugiere que el indicador alternativo está sobrestimando la informalidad al contabilizar como informales a trabajadores que, en la medición estándar, no lo serían.

Saludamos la iniciativa de usar registros administrativos, ya sean del Estado o empresas, para analizar el mercado laboral. Son datos a disposición que ya fueron levantados y que solo requieren procesamiento y análisis. Llamamos a que cualquier innovación en medición cumpla estándares técnicos, para seguir fortaleciendo –y no debilitando– nuestro patrimonio estadístico nacional.

*Los autores de la columna son Nicolás Ratto, jefe de la división de políticas de empleo del Ministerio del Trabajo, y Diego Vidal, jefe de intermediación y prospección Laboral del Ministerio del Trabajo.