SEÑOR DIRECTOR:

Más allá de las críticas o discusiones en torno a si hubo o no impugnaciones oportunas luego del recurso presentado por el gobierno para apelar a la libertad condicional de Celestino Córdova, el caso invita a reflexionar no solo respecto de las víctimas -por supuesto, respetando primero su dolor y de una región afectada por un fenómeno delictivo-, sino respecto del impacto para un país que vive momentos lamentables en materia de seguridad pública.

Resulta esencial avanzar en esa reflexión, porque es recurrente que ante casos de connotación pública la cuestión se plantee, pero lamentablemente luego se diluya. Así pasó el año 2020 con el caso de Hugo Bustamante que, tras un beneficio carcelario, cometió un crimen horroroso contra la adolescente, Ámbar Cornejo, afectando no solo su indemnidad sexual y terminando con su vida, sino remeciendo a toda la sociedad.

Debemos sentarnos a conversar respecto de todo el régimen de ejecución de penas en Chile deteniéndonos en aspectos más sensibles pero que, quizás, están más a la mano. Es conocida la precaria situación penitenciaria, el hacinamiento, y una serie de derechos fundamentales respecto de cuya vulneración se hace cierta vista gorda. Y muchos de esos temas requieren una importante inyección de recursos, constituyendo un límite para su abordaje. Sin embargo, sentarse a conversar respecto de los criterios adecuados para otorgar beneficios de este tipo en general y, particularmente, en casos sumamente graves requiere un diagnóstico y una adecuada disposición al diálogo. Requiere solo constatar que casos graves no pueden satisfacerse por un mero cumplimiento formal estilo check list de la “concurrencia de requisitos legales” para decretar una medida, abstrayéndonos de las implicancias que la misma pueda tener.

Marta Herrera

Exdirectora Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica en Ministerio Público y académica de la Facultad de Derecho de la Usach