La “megarreforma económica” busca aumentar el crecimiento y, por esta vía, la recaudación fiscal. En este contexto, la eventual legalización de las apuestas online aparece como una alternativa atractiva, pues permitiría percibir cientos de millones de dólares al año, formalizar una actividad que ya existe y someterla a regulación estatal.

Sin embargo, antes de incorporar esta medida a una reforma legal conviene hacerse una pregunta previa: ¿qué tipo de rubro estaríamos promoviendo y cuáles serían sus consecuencias sociales?

Las apuestas online no son un producto inofensivo. A diferencia del casino tradicional, funcionan desde un teléfono celular, están disponibles las veinticuatro horas del día y utilizan herramientas tecnológicas diseñadas para maximizar el tiempo de uso y la permanencia de los jugadores. No es sólo azar digitalizado; sino aplicaciones que operan mediante algoritmos capaces de personalizar la experiencia para aumentar la frecuencia de las apuestas y, con ello, sus ingresos.

La evidencia internacional es particularmente preocupante respecto de los jóvenes. Diversos estudios muestran que adolescentes y adultos jóvenes presentan niveles de “juego problemático” significativamente superiores a los de la población adulta. La explicación no es sólo cultural, sino también biológica: el cerebro adolescente es especialmente vulnerable a mecanismos de recompensa inmediata y conductas adictivas.

La rentabilidad de esta industria parece depender precisamente de quienes desarrollan conductas compulsivas. Estudios realizados en distintos países muestran que una fracción pequeña de apostadores concentra una parte desproporcionada de los ingresos de las plataformas; el negocio no descansa principalmente en usuarios recreacionales, sino en quienes apuestan excesivamente.

La experiencia comparada también resulta intranquilizadora. En Estados Unidos, tras la expansión de las apuestas deportivas online, se ha documentado un aumento del endeudamiento, deterioro de indicadores financieros personales, mayores tasas de quiebra e incremento de las consultas por ludopatía.

Los ingresos fiscales son visibles e inmediatos; los costos sociales aparecen después, dispersos entre familias endeudadas, problemas de salud mental, adicciones juveniles y nuevas presiones sobre el sistema de salud y protección social.

La existencia actual de plataformas ilegales constituye un problema real. Pero de ello no se sigue necesariamente que la mejor respuesta sea normalizarlas y convertirlas en una fuente permanente de financiamiento estatal.

Justamente porque la reforma económica busca sentar las bases del desarrollo integral futuro de Chile, parece prudente reevaluar concienzudamente la inclusión de esta medida. No toda fuente potencial de ingresos fortalece el bien común social.

Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U.de Los Andes