Lo que ocurrió en Francia tras las elecciones europeas es decidor. Ante el avance de la extrema derecha, Emmanuel Macron optó por disolver la Asamblea Nacional y abrir paso a una nueva configuración política. Más allá de los riesgos, hay algo que no deberíamos pasar por alto: la posibilidad —o más bien la urgencia— de que las fuerzas democráticas, aun desde distintas tradiciones, sean capaces de acordar un rumbo común para enfrentar desafíos estructurales.

Un pacto político por el desarrollo económico, social e institucional es imperativo para Chile, y no tiene por qué implicar renuncias esenciales. Puede, más bien, ser una señal de madurez, una apuesta por la estabilidad, la inversión, la cohesión social y la mejora sostenida de los servicios públicos. En definitiva, es poner a Chile por delante

En nuestro país, la sola idea de un pacto —por ejemplo, entre la centroderecha y la centroizquierda— hará levantar cejas. Se tildará rápidamente de traición ideológica o se caricaturizará como claudicación. Pero, ¿qué tiene de malo que sectores con visiones distintas, pero no incompatibles, y con sentido de responsabilidad, construyan acuerdos que permitan avanzar en lo urgente y lo importante?

Esto ya ha ocurrido. En materia de seguridad, parlamentarios de ambos sectores se pusieron de acuerdo para sacar adelante leyes relevantes, pese al ruido de los extremos. Lo mismo sucedió con la mejora al sistema de pensiones. No fueron acuerdos totales, pero sí lo suficientemente amplios como para generar avances concretos. No olvidemos que, en política, el todo o nada suele terminar en nada.

Insistir en los polos ideológicos no ha dado resultados. Ni el maximalismo refundacional ni el inmovilismo conservador logran traducirse en soluciones reales para las personas. El primero, al querer redibujar desde cero las bases institucionales y sociales del país, muchas veces desconoce los tiempos, las capacidades y los consensos necesarios para hacer viables los cambios. El segundo, sin embargo, no solo se aferra al pasado, sino que —particularmente en su expresión más radical y libertaria— ha promovido una agenda que amenaza con desmantelar derechos y políticas públicas que han sido fruto de largos procesos democráticos.

Es clave subrayar que esta reflexión no trata sobre quién gane la próxima elección. Los desafíos que enfrentamos no se resuelven desde la mirada estrecha de la coyuntura ni desde la disputa por la hegemonía interna en uno u otro sector —ya sea oficialismo u oposición—. Esta es una invitación más profunda, un llamado a salir de la lógica pendular, dejar de administrar el empate y comenzar a construir mayorías reales en torno a propósitos compartidos. En definitiva, se trata de atreverse a pensar el país desde otra escala.

Buscar acuerdos para responder a las demandas de las personas no es ceder en convicciones, es poner en práctica los principios más fundamentales del humanismo: la dignidad, la empatía y el bien común. Gobernar no consiste en imponer una visión, sino en construir condiciones concretas para que todos puedan vivir con más justicia, libertad y oportunidades. Negarse a ello por rigidez ideológica es, en cambio, abandonar la ética pública.

Si la política quiere recuperar su capacidad transformadora, tiene que dejar de hablarse a sí misma y empezar a hablarle al país que exige respuestas. No con alianzas vacías ni desde trincheras estériles.

¿Y si no es tan dramático?

Por Natalia Piergentili, directora asuntos públicos Feedback.