El primero en poner el tema sobre la mesa fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. “Estos (los recursos asociados a ProCultura) corresponden, en su gran mayoría, a gobiernos regionales, que son instituciones autónomas, que no dependen del Presidente”, dijo el lunes en Radio ADN, desatando la molestia de los propios gobernadores. “El ministro del Interior falta a la verdad”, lanzó el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Pero el titular de Interior no fue el único que instaló esa idea. La otra fue la vocera (s) Aisén Etcheverry. “Este aumento de ingresos (de las fundaciones) viene esencialmente de donaciones de privados o de transferencias de los gobiernos regionales”.

Pero, ¿qué tan certeras son estas aseveraciones? Para responderlo se debe poner en contexto que ProCultura se acreditó el 2010 ante en el Registro 19.862 del Ministerio de Hacienda, lo que le permitió recibir recursos públicos. En este tiempo, y a través de 94 transferencias, la ONG tuvo ingresos fiscales por $9.125.338.293. En su primer año de funcionamiento recibió cuatro transferencias estatales, alcanzando aportes de $315 millones, lejos de lo ocurrido en 2022 (primer año de gobierno de Boric), cuando le ingresaron 19 transferencias por más de $3 mil millones. Sólo los ingresos entre 2022 y 2023, los años que tanto el oficialismo como la oposición y los gobernadores se enrostran, representan el 58,6% de todos los ingresos públicos de ProCultura.

En esos mismos dos años, los GORE concentran el 78,3% de los recursos (investigados o no), con transferencias por más de $ 4.187 millones, versus los $1.155 entregados por organismos del gobierno central. En detalle, el 2022 el Ejecutivo transfirió $ 803 millones, mientras que los gobiernos regionales, $2.479 millones. Un año después, mientras el gobierno de Boric dio $ 351 millones, los GORE pasaron $1.708 millones, 82,9% del total anual.

La Fiscalía hoy pesquisa 18 convenios de la ONG con el Estado. En datos del ente persecutor, de los convenios cuestionados, 11 corresponden a acuerdos con el Ejecutivo y comprometen $1.238 millones. Se trata sólo de contratos del Minvu en cinco regiones. En el caso de los GORE son siete los convenios indagados por un total de $6.856 millones, comprometidos en siete regiones.

Los datos muestran que gobierno y gobernadores han argumentado bien según el objetivo que buscan: si bien el gobierno es el que más convenios tiene, los montos entregados por los GORE son casi seis veces superior.

La Tercera también revisó las 94 transferencias que ha recibido ProCultura en más de una década de operación. En ese periodo el gobierno central (ministerios, seremis, etc.) han transferido $4.418 millones, un 48% del total de ingresos. Los GORE son el 47% con $4.297 millones.

Pero pese a que el Ejecutivo (independiente bajo qué mandato) es el que más ha aportado, en 2021 el 90% de los recursos entregados a ProCultura eran del gobierno y dos años después -2023- aquello se revirtió, con los GORE aportando más del 80%. Los datos revelan que en 13 años los diferentes gobiernos han hecho 64 transferencias a la ONG (11 cuestionadas), mientras que los GORE 21, (7 cuestionadas). Pese a esa diferencia, estas últimas ya casi alcanzan desde 2021 -en términos monetarios- al monto entregado por el Ejecutivo en más de una década.

“Se arrastran desde Piñera”

También se instaló otra tesis. Alberto Larraín, exdirector de Procultura, luego de que se filtraran sus conversaciones apuntó contra el gobierno anterior.

“Varios de los proyectos investigados (...) fueron promovidos bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera”, señaló. Esta no era la primera vez que alguien ligaba al gobierno del exmandatario con el caso. En agosto de 2023 Elizalde, entonces ministro Segpres, dijo que habían “investigaciones que corresponden a años anteriores”, preguntándose “¿por qué (Piñera) permitió que esto aconteciera en su gobierno?”.

Al ver las 64 transferencias que han hecho los gobiernos en 13 años, entre marzo de 2022 y octubre de 2023 -mandato de Boric- a través de diferentes instituciones se han hecho 19 transferencias por $1.155 millones. El 2022 se dio el mayor aporte individual que ha recibido la ONG de parte del Ejecutivo con un convenio de $200 millones de la seremi de Vivienda de Antofagasta.

En términos económicos, en Bachelet II (14 transferencias) es cuando más recursos recibió la ONG de parte de organismos del Ejecutivo ($1.452 millones). En Piñera II se anotó la segunda mayor cantidad de transferencias (18), pero también se registró el menor pago: $493 millones.