Un total de 121 páginas contiene la respuesta del exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio), a la acusación constitucional presentada por los diputados de oposición, a raíz de su responsabilidad política en el error metodológico que aplicó un doble cobro inflacionario en las cuentas de la luz.

Si bien el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia al exsecretario de Estado, la oposición resolvió avanzar igualmente en el libelo, luego de que la empresa de transmisión eléctrica, Transelec, revelara que, en octubre de 2024, ya había alertado a las autoridades de un posible error en la valoración de sus activos.

Este punto fue recogido precisamente en uno de los dos capítulos de la acusación, que se basaban en infracciones a los principios de probidad y transparencia del artículo 8 de la Constitución.

Transelec

En respuesta a las imputaciones de que habría ocultado información -incluidas en el segundo capítulo del libelo-, Pardow justificó su decisión de no revelar públicamente estos antecedentes ante la falta de información clara, lo cual podría generar alarma pública y comprometer el interés nacional.

“Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias (alertadas por Transelec en 2024), pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”, dice el exministro en su escrito.

“En este contexto, y en la situación que nos encontrábamos, haber comunicado públicamente los hechos, no solo habría significado que este exministro hubiera intervenido en dicho procedimiento indebidamente e introduciendo criterios de parcialidad, sino que podría haber sido percibido por la empresa (Transelec) como un instrumento de hostigamiento para presionar en contra de sus intereses en la correcta valoración de los activos”, añade en el texto, dado que en ese tiempo Transelec fue sometida a una auditoría, que dio paso a un largo procedimiento administrativo, con intercambios de oficios y algunas demoras, incluidas.

“El haberse precipitado en una opinión podría comprometer dicha imparcialidad y nuevamente viendo el ánimo litigioso que, en ese momento develaban las comunicaciones de Transelec, podría haber sido invocado por la empresa como un intento de presión. En efecto, de haber hecho un punto de prensa en la situación en que nos encontrábamos, Transelec hubiera podido usar dichas declaraciones en una eventual demanda ante el CIADI”, señala la contestación.

En este mismo capítulo, Pardow agrega que la normativa eléctrica no habilita un mecanismo de autodenuncia, como sostienen los diputados acusadores, y que él tampoco tenía potestades como ministro para haber intervenido en el procedimiento administrativo (la auditoría) que llevó a cabo la Comisión Nacional de Energía “para efectos de obtener el inventario de bienes corregido de Transelec y valorizar la sobrestimación de los activos de dicha compañía”.

Además, el extitular de Energía definió como “carentes de sustento y calificación jurídica”, las sospechas de los diputados acusadores por un “viaje oficial a la República Popular China en marzo de 2025”, ya que la firma China Southern Power Grid es dueña de casi un tercio de Transelec, la mayor empresa de transmisión eléctrica de Chile.

Error

Frente al primer capítulo del libelo, que le imputa responsabilidad en el error metodológico de las cuentas de luz, Pardow dice que no tenía herramientas para detectar el problema y que tampoco tenía “las facultades ni técnicas ni legales para modificar el cálculo tarifario de la Comisión Nacional de Energía... Incluso una modificación unilateral habría sido invalidada y posiblemente anulada por la Contraloría General de la República”.

Además, señala que “la doble contabilización del efecto inflacionario generó un sobreprecio teórico acumulado en aproximadamente 115 millones de dólares”, pero, a su juicio, “más del 95% de este monto nunca fue pagado directamente por los consumidores, debido a un mecanismo de diferimiento financiero que encapsuló los cobros en documentos financieros de pago futuro”.

“En consecuencia, solo 2 millones de dólares impactaron efectivamente en las cuentas de luz entre julio y septiembre de 2024, lo que será compensado... El efecto del error metodológico es marginal en el alza de las facturas de luz, y, por tanto, es casi nula su incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, argumenta.

Carrera docente y cuestión previa

En asuntos preliminares del escrito, el exministro invoca la llamada cuestión previa -es decir pide que se deseche por asuntos formales- y admite que de prosperar la acusación se le impediría ejercer cargos públicos por cinco años, por lo que ruega a los parlamentarios no dañar su carrera docente en la Universidad de Chile.

“Es del todo relevante informar, que previo a mi incorporación al Gabinete del Presidente de la República, ejercí como Profesor Titular de la Universidad de Chile, cargo académico que he desarrollado por más de una década y que es mi deseo volver a ejercer. De acogerse la presente acusación, se me impediría continuar desempeñando dicho rol docente, una labor que es mi vocación, que deseo desarrollarla en mi alma mater”, asegura en el escrito.

Como argumentos para invocar la cuestión previa, el extitular de Energía señala que la acusación contiene imputaciones genéricas, que, junto con no satisfacer el estándar exigido por la Constitución, obstaculizan gravemente el efectivo ejercicio del derecho a defensa.

“Su formulación genérica y abstracta impide identificar adecuadamente los cargos e imputaciones específicas y concretas que se pretenden formular”, dice y detalla que el libelo “no encuentra asidero en las causales taxativamente previstas en la Constitución, no satisface los estándares mínimos de fundamentación necesarios, no me imputa responsabilidad por hechos propios y, en cuarto lugar, no respeta el carácter de última ratio” que debiese tener una acusación constitucional.

La UDI y RN

Esta respuesta, que ahora da un plazo de seis días para que la comisión que preside el diputado Jaime Mulet (FREVS) revise el escrito, intenta frenar y aplazar hasta después de las elecciones la votación en la sala de la Cámara de la acusación, que se basa en dos capítulos.

El primero de ellos, redactado por el equipo de abogados de Renovación Nacional, le reprocha una negligencia en materia de probidad administrativa y no responder a las exigencias de eficiencia y eficacia -reguladas también en la Ley de Bases Generales de Administración del Estado- con ocasión del decreto tarifario que fijó los precios de la electricidad, desde enero de 2024, ya que la metodología duplicaba los efectos inflacionarios en las cuentas cobradas a los clientes.

El segundo capítulo, elaborado por el equipo de la UDI, también señala una infracción del deber de probidad administrativa, pero producto de omisiones y falta de transparencia luego de que Transelec le informara al exministro de errores. “El exministro jamás transparentó dicha situación, y luego mantuvo una aparente actitud pasiva y negligente en la búsqueda de soluciones”, dice el texto acusatorio.