El jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán Migliardi, acudió este lunes a una sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados respecto a la fallida compra de la casa de la familia del expresidente Salvador Allende de calle Guardia Vieja.

En su exposición, Durán descartó haber sido alertado de la inviabilidad de la adquisición.

“Personalmente yo no recibí ningún documento que informara sobre los problemas de legalidad o de constitucionalidad de este proceso de compra. Y por supuesto, si yo hubiera tenido a la vista, de alguna manera, estas inhabilidades, lo hubiera indicado inmediatamente”, afirmó.

El funcionario de confianza del Presidente Boric dijo que tenía dos razones para haber actuado si hubiese conocido de antemano la situación.

“Primero, una razón de principios: si algo está mal hecho, tiene que detenerse (...). Si yo, personalmente, como jefe de gabinete de la Presidencia, hubiera tenido conocimiento de algún tipo de ilegalidad o inconstitucionalidad potencial, por supuesto que lo hubiera informado y esto se hubiera detenido. Es una primera razón que tiene que ver con una cuestión de principios. Pero en segundo lugar, hay una cuestión procedimental, hay controles de la Contraloría. Hay controles de legalidad externos que operan y operan eficientemente”, expuso.

La operación no se concretó porque dos de las propietarias del inmueble estaban impedidas constitucionalmente de celebrar ese tipo de contratos con el Estado: Maya Fernández e Isabel Allende.

Fernández debió renunciar a su puesto en el Ministerio de Defensa y su tía perdió su escaño en el Senado al ser destituida por el Tribunal Constitucional.

“No recibí en ningún momento información relativa a las inhabilidades o consecuencias constitucionales que este proceso podía generar, ni por parte de los equipos de Presidencia, ni de otros funcionarios de gobierno, ni en terceras personas”, aseguró Durán ante los integrantes de la comisión.

La compra de la propiedad de Guardia Vieja para convertirla en museo, destacó Durán, apuntaba a “un interés mayor, consistente en la puesta en valor y reivindicación de la memoria y del patrimonio respecto a nuestra historia reciente”.

El jefe de gabinete de Boric indicó que el proceso fue objeto de seguimiento por parte del equipo de políticas públicas de la Presidencia en una labor relacionada al “trabajo cotidiano” que ellos realizan.

En esa línea, precisó que la tarea fue ejecutada por un equipo de asesores que “no cuentan con potestad administrativa, sino que se encuentran mandatados para recibir información relevante y prestar asesoría respecto al cumplimiento del programa y de los compromisos del gobierno”.

El sociólogo aludió la postura de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, respecto al acto administrativo que aprobó el primer decreto y visó la operación ejecutada por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Por otro lado, descartó conversaciones con la senadora Isabel Allende sobre la materia.

“No me tocó conversar en ningún momento. No participé en reuniones con ningún sector”, aseveró.

Asimismo, reconoció que la fallida operación evidenció problemas en su implementación, aunque defendió que se haya puesto en marcha.

“La iniciativa de adquisición de la casa de Guardia Vieja no fue un error, la forma en que se llevó a cabo no fue la correcta y sobre esto y sobre esto se han expuesto particularmente el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa. Esto es una idea que al gobierno le parece correcta, legítima, pero que en su desarrollo sobre todo en la falta probablemente como señaló el ministro de Bienes Nacionales de perspectiva respecto a consecuencias eventuales futuras ahí hubo problemas de implementación que hay que reconocer”, planteó.