Este martes, la Sala del Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Energía Diego Pardow, impulsado por la oposición tras el error de cálculo que aumentó las tarifas eléctricas.

Esto, luego de que el pasado 19 de octubre, el libelo fuera visado -con votos oficialistas y de oposición- por la Cámara de Diputados.

Así, se puso fin a la novena AC impulsada por la oposición durante el gobierno de Gabriel Boric y que afectaron a autoridades -ocho ministros y un delegado presidencial- de la actual administración.

¿Cuál fue el resultado de las ofensivas anteriores?

El primer caso se remonta a julio de 2022, cuando el Partido Republicano impulsó un libelo en contra de la exministra del Interior, Izkia Siches, por “comprometer gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haberlas dejado sin ejecución”.

En un escrito de siete capítulos, se cuestionaba a la autoridad por su rol ante la situación en la Macrozona Sur, la migración irregular en el norte y el retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado en casos relacionados al estallido social.

En esa ocasión la Cámara Baja aprobó por 84 votos a favor la denominada “cuestión previa” presentada por su defensa, lo que significó desechar el libelo y considerarlo no presentado.

En enero de 2023, la mirada se posó en la gestión de Giorgio Jackson, exministro de Desarrollo Social. En el prólogo de la ofensiva se podía leer como argumento principal “abuso de autoridad y poder”.

El requerimiento fue interpuesto por cuatro diputados del Partido Republicano, otro de Renovación Nacional y 5 independientes de derecha, quienes acusaron a Jackson por abuso de autoridad y de poder, específicamente por infracciones o inejecución a la Constitución, funcionamiento de los servicios locales de Niñez y vulnerar el principio de probidad.

Fue rechazada 15 días después por la Cámara de Diputados.

El tercer intento se realizó ese mismo mes, específicamente el 9 de enero de 2023. Esta vez la ofensiva fue contra la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. En dos capítulos se le acusó por sus presuntas responsabilidades en los errores administrativos que terminaron con el indulto de 12 personas que cumplían condena carcelaria por delitos cometidos durante el estallido social de 2019. La misma semana que se rechazó la de Jackson, la Cámara Baja desechó la de Ríos.

Ya en junio de 2023 fue el turno del entonces titular de Educación, Marco Antonio Ávila. Se le acusaba de priorizar una agenda enfocada en diversidad sexual, de vulnerar el derecho de los padres a educar a sus hijos, y de ser responsable por los bajos resultados del SIMCE.

El 12 de julio del mismo año, La Cámara de Diputados rechazó el texto del libelo.

Seis meses más tarde, desde la oposición cargaron contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. En el libelo se le acusó de no ejercer control jerárquico de los organismos bajo su mando, a raíz de investigaciones por el caso Democracia Viva que daban cuenta de irregularidades en el traspaso de dineros a fundaciones.

El 4 de enero de 2024, la Cámara de Diputados rechazó el texto del libelo al acogerse la “cuestión previa” que planteó la defensa de Montes, por lo que se dio por no interpuesta la acción.

Luego, en septiembre de 2024, los dardos fueron contra la entonces ministra del Interior Carolina Tohá. Allí, se le cuestionó su manejo en materias de seguridad y migración. El 10 de octubre del mismo año, el libelo fue rechazado por la Cámara Baja.

Ya durante el año en curso, específicamente el 10 de marzo, se presentó una AC contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, debido al escándalo por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Ahí, diputados de la UDI, del Partido Republicano, de Renovación Nacional, del Partido Social Cristiano y parlamentarios independientes, acusaron a Fernández por intentar establecer un contrato con el Estado siendo ministra, situación prohibida por la Constitución.

Sin embargo, el 26 de marzo, la Cámara de Diputados rechazó la ofensiva.

Finalmente, fue el turno del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

El 5 de mayo pasado, diputados de oposición, desde libertarios a demócratas, presentaron el libelo donde se acusaba a Durán de no haber tomado las medidas necesarias para evitar la tragedia ocurrida el 10 de abril en el Estadio Monumental cuando, en el marco del partido de fútbol entre Colo-Colo y Fortaleza de Brasil, se registró un niño y una joven fallecidos, además de graves desórdenes dentro y fuera del recinto deportivo.

Dos semanas después, la Cámara de Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación con 63 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones. Por lo tanto, se consideró rechazado el texto acusatorio.