Diligencias solicitadas por Pardow complican votación de acusación para este sábado
El presidente de la comisión revisora del libelo, Jaime Mulet, aseguró que "en los próximos días" se abocarán al estudio de los argumentos de fondo. Además, escucharán a un total de 16 invitados, la mayoría abogados, y al director de la Comisión Nacional de Energía. Con esta señal, el diputado mantiene su criterio de "respetar el debido proceso", con lo cual la posibilidad de que el pronunciamiento de la Cámara sea antes de la elección empieza a diluirse.

Acusaron recibo.
Los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow (FA) están leyendo los argumentos que entregó a los diputados y con los que intenta desechar el libelo, presentado a raíz de su responsabilidad política en el error metodológico que aplicó un doble cobro inflacionario en las cuentas de la luz.
Eso desde el punto jurídico. En términos políticos, el presidente de la instancia, Jaime Mulet (FRVS), entregó una señal que echaría por tierra la posibilidad de que el libelo se vote este sábado, antes de la elección presidencial y parlamentaria.
Al momento de referirse a los argumentos entregados por el exsecretario de Estado en su contestación, Mulet aseguró que “lo que me llama la atención es no generar alarma pública a propósito de esa autodenuncia de Transelec, pero eso tenemos que analizarlo en su mérito, con tranquilidad en los próximos días”.
Con esta señal, el presidente de la comisión revisora mantiene su criterio desde que fue electo en esta instancia.
En entrevista con La Tercera, el legislador, en el curso de la tramitación del libelo, señaló que “hay plazos que dependen del acusado y yo no voy a violar esos plazos para garantizar el debido proceso”.
La postura de Mulet tiene que ver con la posibilidad que tiene el acusado de solicitar nuevas diligencias, como la citación o invitación de más personas a comparecer a la comisión.

Y así fue.
En la respuesta, Pardow pide citar a 12 abogados, al director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Ernesto Huber, y a tres exfuncionarios de esta esta instancia: Marco Antonio Mancilla, José Venegas y Andrés Romero.
En cuanto a los abogados, pide citar a dos que son expertos en derecho administrativo -José Miguel Valdivia y Carolina Zelaya- y a 10 que son del área de derecho constitucional: Javier Couso, Diego Pardo, Guillermo Jiménez, William García, Patricio Zapata, Gonzalo García, Alberto Coddou, Tania Busch, Daniela Accatino y Sergio Verdugo.
Al respecto, Mulet aseguró: “Voy agregar la convocatoria de un conjunto de personas que han solicitado sean invitadas por parte del exministro Pardow”.
Con este panorama, ya se empiezan a manejar nuevas fechas para que la sala de la Cámara, una vez reciba la recomendación de la comisión sobre si aprobar o rechazar el libelo, pueda pronunciarse.
En este sentido, el presidente de la corporación, José Miguel Castro (RN), dijo que si la comisión no vota este viernes -con el consecuente veredicto del pleno el sábado- “tendría que ser después del Presupuesto de la República, eso quiere decir el día 20 o 21 a más tardar”.

La defensa de Pardow
En respuesta a las imputaciones de que habría ocultado información -incluidas en el segundo capítulo del libelo-, Pardow justificó su decisión de no revelar públicamente estos antecedentes ante la falta de información clara, lo cual podría generar alarma pública y comprometer el interés nacional.
“Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias (alertadas por Transelec en 2024), pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”, dice el exministro en su escrito.
En asuntos preliminares del escrito, el exministro invoca la llamada cuestión previa -es decir, pide que se deseche por asuntos formales- y admite que de prosperar la acusación se le impediría ejercer cargos públicos por cinco años, por lo que ruega a los parlamentarios no dañar su carrera docente en la Universidad de Chile.
“Es del todo relevante informar que, previo a mi incorporación al gabinete del Presidente de la República, ejercí como profesor titular de la Universidad de Chile, cargo académico que he desarrollado por más de una década y que es mi deseo volver a ejercer. De acogerse la presente acusación, se me impediría continuar desempeñando dicho rol docente, una labor que es mi vocación, que deseo desarrollarla en mi alma mater”, asegura en el escrito.

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